Tegucigalpa, Honduras – El Ministerio Público (MP) de Honduras, a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), presentó el 14 de octubre de 2024 un requerimiento fiscal contra exfuncionarios de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y representantes legales de empresas de fachada.
Estas personas están acusadas de haber adquirido productos sobrevalorados, como percoladoras y otros artículos no esenciales, durante la pandemia de COVID-19.
Según las investigaciones, los implicados aprovecharon la emergencia sanitaria para realizar compras directas de productos con precios inflados, en lugar de asegurar insumos médicos prioritarios.
Entre los acusados se encuentran Gabriel Alfredo Rubí Paredes, exministro de COPECO; Gilberto Estévez Martínez, exjefe de compras; y Cristian Elías Santeli Chavarría, exdirector administrativo-financiero.
También se señala a Odalis Jazmín Martínez Maldonado por fraude y usurpación de funciones, junto a Junior Alexander Benítez Gonzáles, Pedro Antonio Núñez y Mireya Patricia Paz Barahona.
La trama de corrupción consistía en que los funcionarios de COPECO simulaban negociaciones con empresas distribuidoras de productos, para luego facturar las compras a nombre de empresas ficticias.
El valor total de los productos adquiridos se infló a más de siete millones de lempiras, aunque su costo real no alcanzaba los dos millones.
Esta diferencia, de más de cinco millones de lempiras, evidencia el perjuicio financiero que sufrió el Estado.
Este esquema de fraude, llevado a cabo durante una crisis sanitaria, destaca como un acto de corrupción estructurada en COPECO, aprovechando la vulnerabilidad del país en medio de la pandemia.
