Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), presentó un requerimiento fiscal y procedió al aseguramiento de bienes de Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad y representante del COHEP en dicho fideicomiso, y Liana María Mayorga Castillo, gerente de la empresa Plasticards S.A., capturada en el marco del proceso.
Ambos son señalados de defraudar al Estado por 18,547,200 millones de lempiras mediante el suministro irregular de tarjetas PVC para la emisión de licencias de conducir. Los delitos imputados son abuso de autoridad, fraude y lavado de activos.
Cómo se ejecutó el fraude
Según la investigación, en diciembre de 2021, la Secretaría de Seguridad adjudicó la compra de 480 mil tarjetas a Plasticards S.A., empresa recién constituida. Sin embargo, solo ingresaron 258,000 tarjetas al país, pese a que oficialmente se reportaron las 480 mil.
El 22 de enero de 2022, cinco días antes de la llegada del nuevo gobierno, se realizó un pago de 18.5 millones de lempiras a Plasticards S.A. Tres días después, Liana Mayorga habría transferido 17 millones de lempiras a Inversiones MyM S. de R.L., propiedad de Molina, quien legalmente tenía prohibido contratar con el Estado.
Además, se comprobó que las tarjetas fueron suministradas por Interamerican Service Unlimited Corp., empresa estadounidense, e importadas por Inversiones MyM S. de R.L., vinculada a Molina. Los imputados habrían utilizado fachadas de empresas internacionales y sistemas financieros de EE.UU. y Francia para triangular y lavar los fondos provenientes del presupuesto nacional.
Bienes asegurados
Como parte de las acciones, el MP aseguró 7 inmuebles, 2 vehículos, 37 cuentas bancarias y 5 sociedades mercantiles vinculadas a los imputados, buscando garantizar la recuperación de los recursos defraudados al pueblo hondureño.
