Tegucigalpa, Honduras – El Ministerio Público de Honduras presentó un requerimiento fiscal contra una presunta red de corrupción que operó en el Programa de Asignación Familiar (PRAF) entre 2010 y 2014, desviando millonarios fondos destinados a la capacitación de mujeres y jóvenes en condiciones vulnerables.
Entre los imputados figuran Ángel Paz Alvarenga, exgerente administrativo; Raúl Salgado Zelaya, exjefe del Bono Juvenil; y Sandra Solano Aguirre, exjefa del Programa DiMujer, junto con otras 37 personas, incluyendo exempleados de la institución, representantes de empresas y ONG’s.
Según la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), los acusados enfrentan cargos por fraude, falsificación de documentos públicos y violación de los deberes de los funcionarios.
Un esquema de corrupción con daños millonarios
Las investigaciones revelan que los implicados habrían sustraído más de 96 millones de lempiras (L. 96,976,218.21) a través de 596 contratos irregulares en los programas Bono Juvenil y DiMujer, creados para brindar formación técnica a sectores en extrema pobreza.
El fraude se habría cometido mediante la asignación directa de contratos a empresas y ONG’s sin experiencia en el rubro, así como el uso de “empresas de relleno” y la fragmentación de contratos para evitar procesos de licitación.
Además, la Fiscalía sostiene que se elaboraron informes falsos para justificar capacitaciones inexistentes o con condiciones precarias, con el fin de validar pagos irregulares.
El Ministerio Público subraya que este esquema de corrupción no solo generó un daño económico al país, sino que también afectó a miles de mujeres y jóvenes que fueron privados de oportunidades de capacitación y emprendimiento, impactando negativamente en sus vidas y en el desarrollo de sus comunidades.
Las autoridades han reiterado su compromiso en la lucha contra la corrupción y aseguraron que continuarán con las diligencias para que los responsables enfrenten la justicia.
