El abogado Leonel Núñez, integrante de la Comisión Técnica Liquidadora, reveló presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante el gobierno anterior, particularmente en la extinta Secretaría de Planificación Estratégica.
Durante su participación en el podcast “2 Que 3”, conducido por el periodista Dennis Andino, el profesional presentó detalles de documentos que, según explicó, forman parte de los hallazgos identificados durante el proceso de liquidación de instituciones estatales.
Entre los señalamientos mencionó contratos millonarios con empresas consultoras, pagos por servicios de asesoría, gastos en boletos aéreos y alquiler de vehículos, además de cuestionamientos sobre la existencia y funcionamiento de una empresa que habría recibido más de 50 millones de lempiras en un período de 18 meses.
Núñez aclaró que no todos los hallazgos representan necesariamente delitos, ya que algunos podrían derivar en responsabilidades administrativas. Sin embargo, consideró que las autoridades competentes deben investigar aquellos casos en los que existan indicios de posibles ilícitos.
Comisión Liquidadora entregó 10 hallazgos al Ministerio Público
Durante la entrevista, Núñez confirmó que la Comisión Técnica Liquidadora presentó un informe con 10 hallazgos relacionados con seis instituciones ante el Ministerio Público, con el propósito de que se investiguen los hechos documentados.
Asimismo, explicó que la comisión ha entregado información al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y que ambas instituciones han solicitado documentación adicional sobre los casos.
El abogado sostuvo que la labor de la comisión se concentró en revisar y cerrar administrativamente las instituciones, identificar situaciones que requieren atención y trasladar la información a los organismos responsables de determinar si existen responsabilidades.
En ese sentido, insistió en que corresponde al Ministerio Público establecer si hay elementos para presentar requerimientos fiscales, mientras que el Tribunal Superior de Cuentas deberá determinar posibles responsabilidades administrativas o civiles.
Empresa habría recibido más de 50 millones de lempiras
Uno de los casos que expuso durante el espacio periodístico está relacionado con una empresa identificada como Isca Global SRL, que, según los documentos presentados por Núñez, habría recibido más de 50 millones de lempiras en un período de 18 meses.
El integrante de la Comisión Liquidadora indicó que la sociedad fue constituida el 16 de enero de 2024 y que, durante febrero de ese mismo año, ya habría recibido su primer pago.
De acuerdo con su explicación, la empresa fue contratada para brindar servicios de asesoría relacionados con el monitoreo, capacitación, medición y fortalecimiento de la comunicación estratégica de una dependencia estatal.
Núñez cuestionó que, según la revisión realizada, la compañía supuestamente no contaba con una oficina en la dirección consignada en su permiso de operación.
También señaló que la sociedad estaba vinculada a un ciudadano venezolano identificado como Jorge Luis Ilarra, cuyo número de pasaporte habría sido utilizado en los documentos de constitución.
El abogado manifestó que, a su criterio, existen dudas sobre la figura jurídica utilizada para constituir la empresa y sobre los procedimientos que permitieron su contratación.
Cuestiona contratos y ampliaciones por servicios de consultoría
Otro de los aspectos que llamó la atención de Núñez fue la existencia de varios contratos y ampliaciones por servicios de consultoría.
Durante la entrevista mostró un contrato por nueve millones de lempiras y mencionó que posteriormente se habrían autorizado otros pagos por servicios similares, pese a que, según su revisión, un contrato anterior todavía estaba vigente.
Como ejemplo, hizo referencia a un memorando fechado el 22 de agosto de 2024, mediante el cual, según explicó, se habría gestionado otra consultoría por cuatro millones de lempiras.
El abogado sostuvo que al revisar los formularios F-01, utilizados en los procesos de ejecución del gasto público, identificaron diferentes desembolsos que consideró necesario examinar con mayor profundidad.
A partir de esos documentos, Núñez planteó que podrían existir elementos que ameriten una investigación por posibles irregularidades en la administración de recursos públicos.
No obstante, recalcó que será responsabilidad de las autoridades determinar si los contratos y pagos se ajustaron a la ley o si generaron algún tipo de responsabilidad.
Más de 13 millones en boletos aéreos y 20 millones en alquiler de vehículos
Entre los gastos que mencionó durante el podcast también figuran las compras de boletos aéreos y el alquiler de vehículos por parte de la Secretaría de Planificación Estratégica.
Según las cifras expuestas por Núñez, durante 2025 esa dependencia habría destinado más de 13 millones de lempiras a la compra de pasajes de avión.
Además, afirmó que en un período de un año se habrían pagado más de 20 millones de lempiras por el alquiler de vehículos.
El integrante de la comisión cuestionó la magnitud de estos desembolsos y consideró que deben revisarse para establecer si respondían a necesidades institucionales y si contaban con la debida justificación.
También mencionó que los gastos relacionados con consultorías y otros servicios deben analizarse en conjunto con la documentación financiera y contractual correspondiente.
Núñez afirma que el cierre de instituciones representa un ahorro superior a L7,000 millones
Durante la conversación con Dennis Andino, el abogado también se refirió al impacto económico del proceso de liquidación de varias dependencias estatales.
Según Núñez, el Estado de Honduras habría dejado de gastar más de 7,000 millones de lempiras como resultado del cierre de instituciones que, de acuerdo con la comisión, generaban compromisos presupuestarios.
El entrevistado explicó que inicialmente se había manejado una cifra aproximada de 5,800 millones de lempiras, pero aseguró que el ahorro acumulado habría aumentado con el avance del proceso.
A su criterio, esos recursos podrían destinarse a atender necesidades prioritarias de la población, entre ellas salud, educación, infraestructura y generación de empleo.
Sin embargo, las cifras mencionadas corresponden a las estimaciones presentadas por Núñez durante la entrevista y requieren ser contrastadas con los informes oficiales de ejecución presupuestaria.
Pide al Tribunal Superior de Cuentas revisar el patrimonio de exfuncionarios
Otro de los temas abordados fue la revisión de las declaraciones patrimoniales de quienes ocuparon cargos públicos durante la administración anterior.
Núñez consideró que el Tribunal Superior de Cuentas debe informar sobre los resultados de las investigaciones relacionadas con el patrimonio de los exfuncionarios, para establecer si existen incrementos que no puedan justificarse con sus ingresos.
El abogado sostuvo que los salarios del sector público, incluso cuando son elevados, no deberían representar una vía para acumular grandes fortunas en períodos cortos.
En ese contexto, pidió que las instituciones de control avancen en las verificaciones y determinen si existen responsabilidades que deban ser trasladadas a otras instancias.
Comisión aclara que no todos los hallazgos constituyen delitos
Durante la entrevista, Núñez hizo énfasis en que los señalamientos identificados por la Comisión Técnica Liquidadora no deben interpretarse automáticamente como delitos.
Explicó que algunos casos podrían derivar en reparos administrativos, mientras que otros, dependiendo de la documentación y los elementos encontrados, podrían presentar indicios de responsabilidad penal.
El abogado mencionó que, desde su perspectiva profesional, uno de los casos expuestos podría ser analizado bajo la figura de administración fraudulenta, aunque aclaró que corresponde al Ministerio Público realizar las investigaciones y establecer si existen elementos suficientes.
Asimismo, aseguró que conserva documentación relacionada con los contratos, pagos y otros procedimientos revisados, y manifestó su disposición de facilitar copias a los medios de comunicación.
