El cierre de varias instituciones públicas en Honduras ha dejado al descubierto situaciones administrativas y financieras que ahora deberán ser revisadas por los organismos de control. Entre los hallazgos figuran fondos públicos sin documentación completa sobre su utilización, compras cuestionadas y presuntas irregularidades en el manejo de recursos estatales.
Así lo reveló el abogado Leonel Núñez, integrante de la Comisión Técnica Liquidadora, durante su participación en el podcast 2 Que 3, conducido por el periodista Dennis Andino, donde explicó los resultados del proceso de revisión y cierre de diferentes dependencias gubernamentales.
Durante la entrevista, Núñez detalló que la comisión fue creada con el propósito de reducir el aparato estatal, identificar instituciones cuyas funciones se duplicaban y determinar cuáles podían desaparecer o incorporarse a otras secretarías de Estado.
El funcionario sostuvo que, aunque el trabajo de la comisión se concentra en la liquidación administrativa, durante las revisiones encontraron situaciones que podrían ameritar investigaciones por parte del Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Fondos para migrantes: funcionarios cambiaron cheques y no existe liquidación
Uno de los señalamientos que más llamó la atención durante la entrevista está relacionado con los recursos destinados a migrantes hondureños que regresaban al país desde Estados Unidos.
Según explicó Núñez, durante la administración anterior se emitieron cheques que posteriormente fueron cambiados en efectivo por funcionarios, supuestamente para entregar ayudas de 100 dólares a cada migrante retornado.
Sin embargo, al revisar la documentación, la comisión encontró que no existen liquidaciones que permitan identificar con claridad quiénes recibieron el dinero.
El abogado indicó que, de acuerdo con la información que maneja, alrededor de 16 funcionarios participaron en el cambio de diferentes cheques en distintos momentos.
Incluso mencionó el caso de una funcionaria que habría cambiado cheques por un monto de 14 millones de dólares, por lo que consideró necesario que se presente la documentación que respalde el destino de esos recursos.
Núñez fue enfático en aclarar que la falta de liquidación no significa necesariamente que el dinero haya sido robado, sino que todavía debe comprobarse a quiénes se entregaron los fondos y cuál fue su utilización.
También señaló que durante enero de 2026 se cambiaron seis cheques en efectivo cuya liquidación tampoco estaba disponible en la documentación revisada por la comisión.
Más de 320 motocicletas de la Red Solidaria entre los hallazgos
Otro de los casos mencionados durante la conversación está relacionado con la Red Solidaria y la compra de más de 320 motocicletas.
De acuerdo con Núñez, durante las revisiones se encontraron situaciones relacionadas con estos vehículos, cuya adquisición y utilización deben ser aclaradas.
El entrevistado cuestionó que las motocicletas no habrían recibido el uso esperado y que algunas quedaron expuestas al deterioro.
Este hallazgo forma parte de las observaciones que los integrantes de la Comisión Técnica Liquidadora han identificado durante el proceso de cierre de diferentes dependencias.
No obstante, será responsabilidad de las instituciones competentes determinar si existieron irregularidades y establecer posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Comisión reporta pagos de más de 240 millones en prestaciones
En cuanto al proceso de liquidación de personal, Núñez informó que la comisión ha pagado más de 240 millones de lempiras en concepto de prestaciones laborales a empleados separados de las instituciones intervenidas.
Asimismo, indicó que más de 2,200 personas fueron cesanteadas como parte del proceso de reducción de la estructura estatal.
El abogado aseguró que se procuró respetar los derechos laborales de los trabajadores y cumplir con las obligaciones correspondientes.
En el caso específico de la Secretaría de Planificación Estratégica, dependencia cuya liquidación estuvo bajo su responsabilidad, explicó que se realizaron pagos superiores a los 160 millones de lempiras.
De un total de 874 empleados, 153 no aceptaron las prestaciones ofrecidas y, según detalló, mantienen demandas relacionadas con el proceso.
El comisionado agregó que la información de la institución fue digitalizada y resguardada para que pueda ser consultada por el Tribunal Superior de Cuentas o el Ministerio Público si requieren realizar investigaciones.
Secretaría de Planificación Estratégica: presupuesto pasó de 74 a 1,694 millones
Otro de los puntos abordados fue el crecimiento presupuestario que experimentó la Secretaría de Planificación Estratégica durante los últimos años.
Núñez explicó que cuando esta dependencia nació, en 2021, contaba con un presupuesto anual de 74 millones de lempiras.
Sin embargo, aseguró que la asignación aumentó considerablemente en los períodos siguientes:
- 2021: 74 millones de lempiras.
- 2022: 458 millones de lempiras.
- 2024: 1,006 millones de lempiras.
- 2025: 1,694 millones de lempiras.
Para el proceso de cierre correspondiente a 2026 se aprobó un presupuesto de 634 millones de lempiras. De esa cantidad, Núñez afirmó que ya se devolvieron más de 217 millones a la Secretaría de Finanzas.
El entrevistado cuestionó el crecimiento de los recursos asignados a esta dependencia y aseguró que durante su revisión encontró gastos que consideró innecesarios, entre ellos pagos de asesores extranjeros, hospedaje y alimentación de personas procedentes de Cuba, Venezuela y Argentina.
También mencionó los convenios relacionados con médicos y profesores cubanos, cuyos gastos forman parte de los aspectos que, según explicó, deben ser revisados.
Señalan empleados con salarios sin funciones claramente identificadas
Durante la revisión de la Secretaría de Planificación Estratégica, Núñez también describió situaciones relacionadas con la asignación de personal y el cumplimiento de funciones laborales.
Según su relato, encontraron empleados que recibían salarios, pero cuyos espacios de trabajo no contaban con mobiliario ni documentación que permitiera identificar claramente sus responsabilidades.
Además, mencionó que más de 90 personas tenían autorización para no registrar su entrada y salida de las instalaciones.
El abogado también afirmó que identificaron casos de personas que recibían salarios de la institución pese a que no residían en Honduras.
Sin embargo, aclaró que corresponde al Tribunal Superior de Cuentas investigar estas situaciones y determinar si existen responsabilidades o pagos que deban ser reintegrados al Estado.
¿Cuánto dinero se estaría ahorrando el Estado con el cierre de instituciones?
Núñez aseguró que la reducción del aparato estatal también ha representado un recorte importante en las asignaciones presupuestarias.
Como parte de los cambios realizados en marzo de 2026, afirmó que se redujeron aproximadamente 5,800 millones de lempiras del presupuesto anterior.
En el caso particular de Planificación Estratégica, explicó que la institución destinaba alrededor de 24 millones de lempiras mensuales al pago de planilla.
No obstante, a partir de abril, el gasto comenzó a disminuir hasta ubicarse en aproximadamente 1.8 millones de lempiras, según sus declaraciones.
El comisionado calculó que solamente con el cierre de esa secretaría se dejaron de gastar más de 1,200 millones de lempiras durante 2026.
A esto se suman los recursos que, según explicó, se dejaron de destinar al alquiler de instalaciones, servicios públicos, combustible, papelería y otros gastos administrativos.
Como parte del proceso, también se entregó el piso 18 de una de las torres donde funcionaba la dependencia, lo que representa la eliminación de otros costos operativos.
¿Qué otras instituciones están en proceso de liquidación?
Durante la entrevista, Núñez explicó que el trabajo de los cinco comisionados abarca diferentes dependencias y programas del Estado.
Entre las instituciones y estructuras mencionadas figuran:
- Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción: su eliminación fue justificada por la existencia de otras entidades con funciones de transparencia, fiscalización y acceso a la información pública.
- Secretaría de Planificación Estratégica: Núñez aseguró que su proceso de liquidación está prácticamente concluido.
- Secretaría de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos (Sedespa): continúa en proceso de cierre.
- Red Solidaria: también fue mencionada por las observaciones relacionadas con la compra de motocicletas.
- Programa de vivienda y asentamientos humanos: forma parte de las estructuras sujetas a revisión.
- Fondo Social para la Vivienda (Fosovi): tiene un tratamiento diferente, debido a que se encuentra en un proceso de reestructuración.
Sobre esta última institución, el abogado explicó que su situación requiere un procedimiento especial por sus antecedentes legales y su vinculación con disposiciones constitucionales.
Ministerio Público y Tribunal Superior de Cuentas deberán revisar los hallazgos
Núñez aclaró que la Comisión Técnica Liquidadora no tiene como función realizar investigaciones penales ni determinar culpabilidades.
Explicó que su trabajo consiste en revisar las condiciones administrativas, financieras y patrimoniales de las instituciones que se encuentran en proceso de cierre.
Sin embargo, señaló que los hallazgos identificados pueden dar lugar a investigaciones cuando existan indicios de posibles actos de derroche de fondos, administración fraudulenta, apropiación indebida, abuso de autoridad o enriquecimiento ilícito.
También confirmó que existen denuncias presentadas desde 2022 sobre las cuales el Ministerio Público ha solicitado información, documentación que, según indicó, ha sido entregada.
El comisionado sostuvo que la información correspondiente a las instituciones liquidadas debe permanecer disponible para que los organismos fiscalizadores puedan desarrollar las investigaciones que consideren necesarias.
Los señalamientos expuestos durante la entrevista no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad penal. Corresponderá a las autoridades competentes verificar los documentos, establecer los hechos y proceder conforme a la ley.
