
Tegucigalpa.- El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, se presentó este martes ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la figura del juicio político. El funcionario busca frenar el proceso iniciado en el Congreso Nacional, argumentando que la normativa actual vulnera garantías fundamentales como el debido proceso y el derecho a la defensa.

Argumentos contra el Juicio Político
Ochoa sostiene que la Ley Especial sobre el Juicio Político y la reforma al artículo 234 constitucional poseen una “alta discrecionalidad” que permite el prejuzgamiento:
- Falta de garantías: Según el consejero, el diseño actual no salvaguarda la tutela judicial efectiva, lo que permite que diputados oficialistas actúen con parcialidad antes de agotar las etapas legales.
- Inaplicabilidad preventiva: Solicitó que se inaplique el artículo 234 de manera preventiva y se ordene al Congreso Nacional realizar una reforma integral, citando precedentes internacionales como la sentencia del caso Gutiérrez Navas.
Denuncias de fraude y proyecciones para 2029
Durante su comparecencia, Ochoa lanzó fuertes acusaciones sobre el proceso electoral de noviembre de 2025 y las motivaciones detrás de su posible destitución:
- Testigo directo del fraude: Afirmó ser el único testigo de irregularidades internas en el CNE, donde asegura que dejaron de contarse más de 300 actas presidenciales, 1,800 municipales y 2,300 de diputados.
- Cuestionamiento de autoridades: Sostuvo que el actual presidente, así como varios diputados y alcaldes, ostentan sus cargos sin haber resultado electos democráticamente.
- El factor JOH: En una declaración impactante, aseguró que el interés por removerlo responde a un plan para permitir la inscripción del expresidente Juan Orlando Hernández en las elecciones de 2029 tras su retorno al país.

Sobre los audios y la pericia técnica
Respecto a las pruebas entregadas a la fiscalía, el funcionario aclaró que no se opone a que sean analizadas por expertos:
- Aceptación de peritajes: Desmintió que su partido se oponga a las pericias técnicas de los audios, afirmando que estos son “documentos históricos” que prueban la planificación del fraude.
- Instrumentalización: Reiteró que los audios revelan planes para manipular la transmisión de resultados (TREP) y utilizar a organizaciones de la sociedad civil para moldear la narrativa a favor del partido gobernante.



