Tegucigalpa.- El abogado Leonel Núñez, integrante de la recién juramentada Comisión Técnica Liquidadora de la Secretaría de Finanzas, anunció este martes que el proceso de supresión de instituciones gubernamentales se ejecutará bajo una política de “cero afectación” a los trabajadores. La meta establecida por el Gobierno es concretar el pago de todas las indemnizaciones en un plazo máximo de 90 días.
Impacto laboral y diagnóstico institucional
La comisión ha iniciado un levantamiento técnico para determinar la magnitud financiera de los despidos y evitar la duplicidad de funciones en el aparato estatal:
- Cifra de cesanteados: Se estima que inicialmente 1,900 empleados serán desvinculados como parte del cierre o reestructuración de diversas entidades.
- Garantía de pago único: Núñez fue enfático al asegurar que el objetivo es realizar el pago total de los derechos laborales y prestaciones, de ser posible, en un solo desembolso.
- Cronograma de informes: Esta semana se completará el diagnóstico de las instituciones afectadas, y la próxima semana se entregará el primer informe a la Presidencia detallando el presupuesto exacto requerido para las liquidaciones.
Instituciones en proceso de cierre
El plan de liquidación abarca secretarías y programas clave que han sido señalados para su supresión o absorción por otras dependencias:
- Carteras involucradas: Entre las instituciones confirmadas figuran SEDECOAS, la Secretaría de Planificación Estratégica, la Secretaría de Transparencia, el Programa Nacional de Vivienda y la Red Solidaria.
- Evaluación de acreedores: Además de la situación laboral, la comisión sostendrá reuniones para revisar las deudas pendientes con proveedores y acreedores vinculados a estas entidades.
Eficiencia administrativa
Para el abogado Núñez, la celeridad en este proceso es vital para la salud de las finanzas públicas:
«Estamos trabajando para que en un período de 90 días se pueda otorgar la cesantía a estos empleados. Entre más rápido se concrete, más pronto podrán trasladarse los recursos hacia sectores que el gobierno ha definido como prioritarios».
La Comisión Técnica Liquidadora, que cuenta con representación de la Secretaría del Trabajo, busca asegurar que la transición administrativa no vulnere los tratados laborales vigentes mientras se optimiza el gasto del Estado.
