Honduras – El Gobierno de Honduras remitió al Congreso Nacional de Honduras el proyecto de Ley de Emergencia Fiscal y Financiera, que, de aprobarse, habilitaría un régimen excepcional por 24 meses para enfrentar la crisis de liquidez que atraviesa el Estado y permitiría la reestructuración o eventual cierre de 37 instituciones públicas.
La iniciativa, presentada por la Secretaría de Finanzas de Honduras en la última sesión legislativa, busca garantizar el financiamiento de sectores prioritarios como salud, educación, seguridad e infraestructura, así como contener el impacto del endeudamiento y del gasto estatal que ha afectado las finanzas del país.
Régimen excepcional con control legislativo
La propuesta establece que la declaratoria de emergencia fiscal no implicará la suspensión de derechos fundamentales ni alterará el orden constitucional, sino que creará un marco temporal para aplicar ajustes fiscales bajo control del Congreso.
Entre las medidas más importantes está la racionalización del gasto público, ajustes a ingresos fiscales y reorganización de la administración estatal.
Según documentos de la exposición de motivos, el Estado enfrenta “limitaciones severas de liquidez” y una reducción progresiva de su capacidad para cumplir obligaciones constitucionales y legales, lo que ha motivado la presentación de esta iniciativa.
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Reestructuración institucional y empleo público
Uno de los puntos más polémicos del proyecto es la facultad que se concedería al Poder Ejecutivo para restructurar, fusionar o cerrar instituciones públicas, tanto de la administración centralizada como desconcentrada.
Esto incluye la reducción de servicios y el ajuste de la planta de personal, siempre con base en criterios presupuestarios y de eficiencia administrativa.
El texto también regula aspectos vinculados a las indemnizaciones por despido o reducción de plazas, sujetándolas a la normativa vigente y a la disponibilidad presupuestaria. Esto ha generado inquietudes entre sectores laborales y asociaciones que han pedido claridad sobre el impacto real en los empleos públicos.
Conciliaciones judiciales dentro de la estrategia fiscal
Otro componente de la iniciativa es la posibilidad de que el Ejecutivo realice conciliaciones judiciales, arreglos extrajudiciales o transacciones en procesos nacionales e internacionales cuando mantener los litigios represente un mayor perjuicio económico para el Estado. En el ámbito laboral, estas conciliaciones deben ser homologadas por el Poder Judicial de Honduras para garantizar su legalidad.
Objetivos y desafíos del plan fiscal
De aprobarse la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera, tendría como meta recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas, reforzar la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones y asegurar recursos para servicios básicos.
Las autoridades señalan que esta crisis no es transitoria, sino que responde a factores estructurales como el crecimiento del endeudamiento y debilidades en la ejecución del gasto.
