La comisión especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) solicitó información de cuatro decretos legislativos.
«Solicitamos muy atentamente nos proporcione la siguiente información, indicación de si existen ante el Congreso de la República, proyectos de reforma o derogación de los siguientes decretos: 116-2019, 117-2019, 04-2022, 67-2022 y de los artículos 414 al 417 del Código Procesal Penal, así como de la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz y en su caso proporcionar copia», escribió la comisión.
Dos de los decretos responden a la administración de Mauricio Oliva y los otros dos decretos del actual Congreso Nacional que dirige Luis Redondo.
DECRETO 116-2019: Se refiere a la Ley Especial para la gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos del orden social comunitarios, infraestructura y programas sociales. El proyecto es mejor conocido como «el fondo departamental» y fue aprobado en la administración anterior y ha continuado en vigencia en el actual Congreso.
DECRETO 117-2019: Se refiere a una reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, en la que los diputados no pueden ser responsabilizados civil, penal o administrativamente por el uso de fondos. Popularmente se le conoce como un decreto de protección e inmunidad. Fue aprobado en la administración anterior y ha continuado en vigencia en el actual Congreso.
DECRETO 04-2022: Fue enviada por el Poder Ejecutivo y aprobada en el Legislativo, la que lleva por nombre Ley para la Reconstrucción del Estado Cosntitucional de Derecho y para que los Hechos no se repitan. Este proyecto ha otorgado amnistía a varias personas que salieron del país en el marco del golpe de Estado en 2009, no obstante, se han amparado en ella varios políticos acusados de corrupción en administraciones anteriores. Es conocida popularmente como la «amnistía política» y fue aprobada en el actual Congreso Nacional.
DECRETO 67-2022: Es el decreto por el cual le otorgaron a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), poderes absolutos para ejercer acción penal de oficio, sin que el fiscal general dé una autorización. La Uferco ha sido una unidad del Ministerio Público, sin embargo con el decreto, pueden actuar penalmente sobre el fiscal general.
