Buenos Aires, Argentina
La justicia argentina ha tomado medidas drásticas en relación con el expresidente Alberto Fernández y varios de sus colaboradores, en medio de una investigación por presunta corrupción. El juez federal Julián Ercolini, desde la sala 11 del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Federal, ha ordenado la congelación de los bienes del expresidente y ha levantado el secreto fiscal y bancario sobre sus cuentas.
Esta medida no solo afecta al expresidente, sino también a otras 32 personas, exfuncionarios, empresas y cooperativas bajo investigación. Se les prohíbe vender o disponer de sus activos durante el curso de la investigación.
La investigación se centra en presuntas irregularidades en la contratación de seguros del Estado durante el mandato de Fernández. Específicamente, se indaga si el expresidente favoreció a través de decretos la contratación de seguros del Estado en beneficio de allegados, quienes habrían actuado como intermediarios, cobrando comisiones millonarias.
Un aspecto clave de esta pesquisa es la relación entre el expresidente y un intermediario, Héctor Martínez Sosa, y su esposa, María Cantero, quien fue secretaria de Fernández. Este vínculo, según el juez Ercolini, despierta sospechas sobre el papel del expresidente en la intermediación de seguros entre entidades estatales y Nación Seguros.
La imputación a Fernández se fundamenta en un decreto firmado en diciembre de 2021, que obligaba a los organismos públicos a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros, entidad perteneciente al estatal Banco Nación. Se investiga si amigos del expresidente se beneficiaron como intermediarios, cobrando comisiones exorbitantes, a pesar de que no se requería la intervención de gestores para tales contrataciones.
Lea también:
