La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, afirmó que antes de 2013 Honduras no contaba con un mecanismo claro para revisar la conducta institucional de las más altas autoridades del Estado, lo que dejaba a la ciudadanía sin garantías frente a decisiones que podían afectar directamente el interés público.
Según Castellanos, la ausencia de una figura constitucional que permitiera evaluar, investigar y sancionar conductas irregulares de altos funcionarios provocó vacíos graves en la rendición de cuentas, debilitando la institucionalidad democrática y la confianza ciudadana.
“Durante muchos años, Honduras careció de una herramienta que permitiera ejercer control sobre quienes toman las decisiones más importantes del país”, señaló la titular del CNA.
Juicio político: una figura que nunca se ha aplicado
Castellanos recordó que, pese a estar incorporado en la Constitución desde 2013, en Honduras nunca se ha aplicado un juicio político, lo que representa una deuda pendiente del sistema democrático.
A su criterio, marcar un precedente en la aplicación de esta figura sería fundamental para dejar claro que toda autoridad cuya conducta se aparte del interés público debe ser evaluada, siempre bajo el respeto al debido proceso, el derecho a la defensa y las garantías constitucionales.
“El juicio político no es persecución, es control democrático”, enfatizó.
Lecciones del golpe de Estado de 2009 y la crisis judicial de 2012
La directora del CNA explicó que el juicio político no surgió de manera improvisada, sino como respuesta a experiencias graves que evidenciaron la fragilidad institucional del país.
Entre esos antecedentes mencionó el golpe de Estado de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales, un hecho que, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, pudo haberse resuelto por una vía pacífica y jurídica si hubiera existido un mecanismo de juicio político.
Otro caso clave fue la destitución de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2012. Posteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado hondureño al determinar que no existía una regulación clara, garantías ni contrapesos para la destitución de altos funcionarios, lo que constituyó violaciones a derechos humanos.
El Congreso incorporó el juicio político, pero falta reformar la ley
A partir de estos hechos, el Congreso Nacional de Honduras incorporó la figura del juicio político en la Constitución en 2013. Sin embargo, Castellanos advirtió que sigue pendiente la reforma de la ley especial, para adecuarla plenamente a los estándares internacionales y mejores prácticas procesales.
“El país tiene la figura constitucional, pero aún falta fortalecer el procedimiento para garantizar transparencia, equilibrio y justicia”, señaló.
¿A quiénes aplica el juicio político?
La titular del CNA detalló que el juicio político aplica a funcionarios de alto nivel, entre ellos:
- El presidente de la República
- Designados presidenciales
- Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
- Diputados del Congreso Nacional
- Alcaldes municipales
- Otros funcionarios electos o nombrados por el Poder Legislativo
Se trata de un proceso regulado por ley que contempla etapas claras de denuncia, investigación, derecho a la defensa y votación, con el objetivo de proteger el interés público y evitar arbitrariedades.
