Estados Unidos – Un juez federal de Estados Unidos emitió este jueves una orden que prohíbe al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acceder a información tributaria confidencial con el objetivo de localizar y perseguir a inmigrantes, una decisión que marca un precedente clave en el debate entre control migratorio y derechos civiles.
La resolución fue dictada por una corte del Distrito de Massachusetts, la cual bloquea de manera preliminar el intercambio y uso de datos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) como direcciones, registros fiscales y otra información sensible de contribuyentes para fines de aplicación de la ley migratoria.
El fallo estará vigente mientras avanza el litigio interpuesto por organizaciones comunitarias y de derechos civiles, que cuestionan la legalidad de estos acuerdos de cooperación entre agencias federales.
Conflicto entre control migratorio y confidencialidad
En su resolución, el magistrado subrayó que la legislación estadounidense impone límites estrictos sobre la divulgación de información fiscal, diseñada para proteger la privacidad de los contribuyentes y garantizar la confianza en el sistema tributario.
El juez concluyó que las excepciones legales existentes no autorizan el uso generalizado de estos datos para investigaciones migratorias, advirtiendo que el caso plantea un conflicto fundamental entre la aplicación de la ley y las garantías de confidencialidad establecidas por la normativa federal.
Según el tribunal, permitir este tipo de acceso podría abrir la puerta a abusos y erosionar derechos protegidos por ley.
Advertencia sobre impacto en la recaudación
Las organizaciones demandantes argumentaron que el uso de datos fiscales con fines migratorios podría disuadir a millones de personas incluidos inmigrantes indocumentados que pagan impuestos de cumplir con sus obligaciones tributarias, por temor a represalias o deportaciones.
Este escenario, sostienen, afectaría directamente la recaudación federal y socavaría la confianza pública en el IRS, una institución que depende del cumplimiento voluntario de los contribuyentes para sostener el sistema fiscal estadounidense.
Medida provisional, pero con peso legal
Aunque la orden judicial no resuelve el fondo del caso, el juez determinó que los demandantes demostraron un riesgo suficiente de daño irreparable, lo que justifica la imposición de una medida cautelar mientras continúa el proceso legal.
Por su parte, el Gobierno federal defendió la legalidad de los acuerdos de intercambio de información entre agencias, pero el tribunal consideró que, en esta etapa, los argumentos presentados no superan el posible perjuicio a los derechos de los contribuyentes.
