Texas, Estados Unidos – Un juez federal en Texas bloqueó este lunes un programa del presidente Joe Biden que pretendía regularizar la situación migratoria de aproximadamente medio millón de indocumentados, cónyuges e hijastros de ciudadanos estadounidenses.
Esta decisión judicial se produjo después de que una coalición de 16 estados, encabezada por republicanos, presentara una demanda para detener el programa “Keeping Families Together” (Mantener Unidas a las Familias).
El programa se basa en la figura del “Parole in place”, que permite a ciertos inmigrantes permanecer en los Estados Unidos de manera temporal y les brinda protección contra la deportación, además de la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo.
Uno de los beneficios más significativos de este programa es que permite a los beneficiarios iniciar el proceso para obtener la residencia permanente sin necesidad de abandonar el país, siempre y cuando estén casados o sean hijastros de ciudadanos estadounidenses.
El juez J. Campbell Barker, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, emitió una suspensión administrativa mientras el tribunal examina la demanda presentada.
La demanda fue liderada por Ken Paxton, el fiscal general de Texas, conocido por su postura enérgica contra las políticas migratorias del gobierno federal.
En su fallo, el juez Barker argumentó que la demanda plantea cuestiones legítimas sobre la autoridad del poder ejecutivo para eludir al Congreso y establecer políticas de inmigración por su cuenta.
Como resultado de esta suspensión, aunque la Administración Biden podrá continuar aceptando solicitudes para el programa, no podrá procesarlas hasta que se resuelva la cuestión legal.
Ken Paxton y los estados demandantes afirman que el programa viola la Constitución de los Estados Unidos, la Ley de Procedimiento Administrativo y las leyes de inmigración vigentes.
Según los requisitos establecidos por el programa, los solicitantes deben haber residido en los EE. UU. durante al menos diez años y haberse casado antes del 17 de junio del año en curso.
La Administración Biden estima que cerca de 500,000 cónyuges de ciudadanos estadounidenses y unos 50,000 hijastros podrían ser elegibles para el programa.
Desde su anuncio en junio, el programa ha sido objeto de críticas por parte de sectores ultraconservadores que acusan a la Administración demócrata de utilizarlo como una estrategia para ganar apoyo en la próxima elección presidencial.
Texas ha estado a la vanguardia de varios desafíos legales contra las políticas migratorias del gobierno de Biden, incluido un intento por terminar con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege a miles de jóvenes conocidos como “soñadores” desde su implementación en 2012.
