Honduras mantiene un deterioro sostenido en transparencia y combate a la corrupción. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, de Transparencia Internacional, otorgó al país 22 puntos de 100, situándolo en el puesto 157 de 182 naciones evaluadas, tres posiciones más abajo en comparación con el año anterior.
El dato no solo confirma la falta de avances estructurales, sino que evidencia un deterioro relativo: mientras otras naciones logran mejoras graduales, Honduras permanece atrapada en un ciclo persistente de corrupción, debilidad institucional e impunidad, que sigue pasando factura a la confianza ciudadana y al desarrollo económico.
Un retroceso que consolida el estancamiento
El resultado del IPC 2025 refuerza una tendencia preocupante. Desde 2017, Honduras no ha logrado superar el umbral de alta percepción de corrupción, y únicamente en 2015 y 2016 logró ubicarse por encima de los 30 puntos.
En la última década, el país no ha mostrado señales de una mejora sostenida ni reformas profundas que modifiquen su posición en el ranking global.
Analistas coinciden en que el problema no es coyuntural, sino estructural. El Estado hondureño continúa operando con instituciones frágiles, sistemas de control debilitados y una justicia que no logra procesar de manera efectiva los casos de alto impacto, lo que refuerza la percepción de que la corrupción rara vez tiene consecuencias.
Centroamérica: un espejo incómodo para Honduras
El desempeño hondureño se inscribe en un contexto regional adverso. Centroamérica registra un promedio de 31 puntos, sin mejoras estructurales significativas; sin embargo, Honduras figura entre los peores resultados de la región, solo por encima de Nicaragua y Haití.
En contraste, países vecinos como Costa Rica, que supera los 50 puntos, evidencian que el estancamiento hondureño no es inevitable, sino consecuencia directa de decisiones políticas, debilitamiento de los controles institucionales y falta de voluntad para combatir redes de corrupción enquistadas en el Estado.
La ENEE, símbolo del deterioro institucional
Uno de los ejemplos más citados por organizaciones de sociedad civil es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), señalada como el mayor caso de corrupción estructural del país.
Entre 2022 y 2025, las pérdidas acumuladas de la estatal rondan los 46 mil millones de lempiras, mientras que su deuda supera los 114 mil millones de lempiras.
Estas cifras han obligado al Estado a realizar transferencias millonarias que, según expertos, debieron destinarse a salud, educación y seguridad, profundizando el impacto social de la mala gestión y la falta de controles.
Para analistas, el problema de la ENEE no es técnico, sino político: una institución capturada, con escasa transparencia, manejada bajo criterios discrecionales y sin auditorías independientes efectivas.
Advertencia global y señales ignoradas
El informe 2025 de Transparencia Internacional advierte que el caso de Honduras coincide con una tendencia mundial preocupante: debilitamiento del liderazgo político, retrocesos democráticos y reducción del espacio cívico.
No obstante, el organismo subraya que los países que han logrado avanzar lo han hecho mediante instituciones de control independientes, procesos judiciales en casos de alto perfil y mayor transparencia en el manejo de fondos públicos.
Un ejemplo regional es República Dominicana, que en 2025 alcanzó 37 puntos, mejorando su posición global gracias a reformas institucionales y acciones anticorrupción más visibles.
