Honduras podría enfrentar nuevamente la prohibición de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), mientras persisten obstáculos para que mujeres y adolescentes puedan obtenerla en los servicios de salud. La advertencia fue planteada por organizaciones hondureñas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante una audiencia temática celebrada en Panamá.
La exposición tuvo lugar el jueves 29 de octubre, en el marco del 197.º Período de Sesiones de la CIDH, donde representantes de organizaciones de la sociedad civil pidieron dar seguimiento a las dificultades que continúan limitando el acceso a este método anticonceptivo, cuyo uso y comercialización fueron restablecidos en Honduras en 2023.
Las organizaciones también alertaron sobre una demanda judicial que busca anular el acuerdo que permitió nuevamente la distribución y venta libre de la PAE. De prosperar esa acción, el país podría regresar a la prohibición que mantuvo durante 13 años.
¿Por qué Honduras podría volver a prohibir la PAE?
Durante la audiencia sobre el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en Honduras, representantes de Acción Joven, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), el Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla y la Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia (UDIMUF) expusieron los riesgos que enfrenta la vigencia de la anticoncepción de emergencia.
Las organizaciones, que integran el Grupo Estratégico por la Anticoncepción de Emergencia (GEPAE), señalaron que existe un proceso judicial orientado a anular el acuerdo que permitió levantar la prohibición de la PAE en 2023.
A su criterio, la acción legal se fundamenta en información falsa sobre el funcionamiento del medicamento y podría provocar un retroceso en los derechos sexuales y reproductivos de las hondureñas.
Erika García Cárcamo, abogada del Centro de Derechos de Mujeres e integrante de GEPAE, advirtió que la combinación de desinformación, resistencia institucional y acciones judiciales mantiene en riesgo el acceso a este método.
La PAE estuvo prohibida en Honduras durante 13 años. Antes de que se restableciera su uso y comercialización, el país era el único de América Latina que mantenía una prohibición total, según expusieron las organizaciones.
Aunque se distribuyeron 25,000 unidades, persisten problemas de abastecimiento
Otro de los puntos expuestos ante la CIDH fue la diferencia entre el restablecimiento legal de la PAE y su disponibilidad real en los establecimientos de salud.
Las organizaciones informaron que se distribuyeron 25,000 unidades del medicamento mediante una donación del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Sin embargo, señalaron que todavía existen dificultades para trasladar los suministros desde los almacenes regionales hasta los centros asistenciales.
Esta situación afecta especialmente a las comunidades rurales, donde las barreras geográficas pueden dificultar que las mujeres y adolescentes reciban atención oportuna.
También denunciaron que la falta de capacitación continua del personal sanitario puede favorecer la difusión de información incorrecta y prejuicios durante la atención.
Por ello, insistieron en que no basta con mantener vigente el acuerdo que autoriza la PAE, sino que se necesitan condiciones para garantizar su disponibilidad y acceso efectivo en todo el territorio nacional.
Honduras registra cifras preocupantes de embarazos adolescentes y violencia sexual
Durante la audiencia, las organizaciones presentaron datos relacionados con la maternidad adolescente y la violencia sexual en el país.
Según cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Honduras registra 97 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de entre 15 y 19 años.
A ese panorama se suma que más de 600 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz durante 2024, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Las organizaciones también informaron que, durante los primeros ocho meses de 2026, se registraron 1,808 denuncias por delitos sexuales contra mujeres y niñas. De ese total, el 67.2 % de las agresiones denunciadas correspondió a niñas y adolescentes.
Ante estas cifras, señalaron que las sobrevivientes de violencia sexual necesitan atención médica y psicológica integral, protección e información clara sobre las opciones disponibles.
Advirtieron que las demoras, la falta de abastecimiento y la desinformación pueden convertirse en obstáculos adicionales para acceder oportunamente a la anticoncepción de emergencia.
Organizaciones piden a la CIDH garantizar el acceso a la PAE
Durante su intervención, las representantes de las organizaciones solicitaron a la Comisión dar seguimiento a la situación y formular recomendaciones al Estado hondureño para proteger la vigencia legal de la PAE y asegurar que las mujeres y adolescentes puedan acceder a ella.
Entre las medidas planteadas destacaron:
- Garantizar la distribución gratuita y oportuna de la PAE en todo el país.
- Eliminar las barreras geográficas e institucionales que dificultan su acceso.
- Capacitar continuamente al personal de los servicios de salud.
- Combatir la desinformación mediante información basada en evidencia científica.
- Proteger la vigencia del acuerdo que permitió restablecer el uso y la comercialización del medicamento.
Cristina Alvarado, del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, también llamó a que las medidas institucionales se traduzcan en respuestas concretas para la niñez y adolescencia hondureña.
La representante insistió en la importancia de contar con instituciones capaces de atender a las niñas sobrevivientes de violencia sexual sin provocar una nueva revictimización.
CIDH dará seguimiento al tema mediante sus relatorías
Al concluir la audiencia temática, la CIDH anunció que continuará dando seguimiento a la situación a través de sus relatorías sobre los derechos de las mujeres y de la niñez.
Asimismo, indicó que tomará en cuenta las recomendaciones formuladas en su informe sobre Honduras de 2024.
La audiencia permitió a las organizaciones exponer las dificultades que persisten después de la restitución legal de la PAE y advertir sobre las consecuencias que tendría una eventual anulación del acuerdo de 2023.
Mientras continúa el proceso judicial, las organizaciones mantienen su llamado a las autoridades hondureñas para que el acceso a la anticoncepción de emergencia no dependa únicamente de su autorización legal, sino que pueda garantizarse de manera efectiva en los servicios de salud.
