Tegucigalpa.- Ante la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y la Secretaría de Energía instalaron este jueves una mesa de trabajo urgente para analizar el suministro y los precios de los carburantes. En el encuentro, que contó con la presencia del ministro Eduardo Oviedo y el empresario José Manuel Arriaga Yacamán, se abordó la preocupación por el alza internacional del crudo y su repercusión directa en la economía hondureña.
Garantía de suministro y análisis de precios
Pese a la incertidumbre global, los actores del sector energético enviaron un mensaje de calma respecto a la disponibilidad del producto:
- Abastecimiento garantizado: Tras consultas con las empresas petroleras, los representantes aseguraron que no se prevé un desabastecimiento de combustibles en el corto plazo, garantizando el suministro para el mercado nacional.
- Impacto externo: Los empresarios subrayaron que esta es una “crisis mundial” que el país no puede manejar directamente, por lo que hicieron un llamado a la conciencia de la población sobre las fluctuaciones de precios que se avecinan.
- Ruta de acción: La reunión tuvo como eje central escuchar la postura del gobierno respecto a posibles subsidios y estrategias de ajuste gradual para evitar golpes drásticos al bolsillo de los consumidores.
Iniciativas y propuestas estratégicas
Para enfrentar la crisis, se discutieron diversas iniciativas orientadas a la estabilidad del mercado energético:
- Optimización de distribución: Se planteó mejorar la logística de entrega para reducir costos operativos internos.
- Alternativas de abastecimiento: Explorar fuentes de crudo fuera de las zonas en conflicto para disminuir la vulnerabilidad ante eventos en el Estrecho de Ormuz.
- Acompañamiento gubernamental: El sector privado vio con buenos ojos la iniciativa del gobierno de convocar a esta reunión anticipada para afrontar de manera conjunta una crisis que podría agudizarse en las próximas semanas.
La mesa técnica continuará sesionando para monitorear el comportamiento de los mercados internacionales y definir si el Estado ampliará los mecanismos de alivio o subsidios ante la inminente alza en la factura energética.
