Tegucigalpa, Honduras – La titular del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, afirmó que la Congreso Nacional tiene un rol constitucional clave en la defensa del Estado de derecho y no puede reducirse a una figura simbólica cuando existen actuaciones que lesionan el interés nacional.
En una reflexión pública titulada “Juicio político o políticos en juicio”, Castellanos subrayó que la Constitución de la República otorga al Poder Legislativo la atribución expresa de activar el juicio político contra altas autoridades cuando hay denuncias graves, negligencia manifiesta o decisiones contrarias a la norma suprema.
El juicio político como mecanismo de resguardo institucional
La directora del CNA recordó que el juicio político no fue concebido como un castigo mediático ni como una herramienta de confrontación partidaria, sino como un mecanismo excepcional de defensa institucional, cuya consecuencia es clara y limitada: la destitución del cargo cuando se comprueba responsabilidad funcional.
Según Castellanos, este instrumento constitucional existe precisamente para evitar que el poder público se vuelva inmune al control democrático. “El mandato que la Constitución le otorga al Congreso no es ornamental”, insistió, al señalar que omitir su aplicación también constituye una decisión política con efectos institucionales.
La crisis electoral y la responsabilidad del Legislativo
Castellanos enmarcó su análisis en la crisis electoral de noviembre de 2025, marcada por retrasos en el escrutinio, cuestionamientos administrativos, tensiones internas en el órgano electoral y posteriores controversias judiciales. A su juicio, estos hechos dejaron una profunda preocupación ciudadana sobre la solidez de las garantías democráticas en Honduras.
Advirtió además que este tipo de crisis no surge de manera aislada y que decisiones y omisiones del Congreso anterior contribuyeron a profundizar el conflicto político y el bloqueo electoral. Por ello, consideró que la nueva legislatura tiene la oportunidad —y la obligación— de corregir el rumbo y reafirmar el respeto al Estado de derecho.
Gobernabilidad no es evasión de responsabilidades
La titular del CNA fue enfática al señalar que invocar prudencia o estabilidad no puede convertirse en una excusa para evitar el examen institucional cuando existen denuncias graves. “La gobernabilidad auténtica se construye sobre la rendición de cuentas”, sostuvo, al advertir que la falta de consecuencias normaliza prácticas que debilitan la democracia.
En ese sentido, remarcó que el juicio político no debe entenderse como venganza ni revancha, sino como una herramienta constitucional que debe aplicarse con objetividad, garantías y estricto apego a la ley, especialmente cuando las causas están documentadas.
Un llamado a la madurez institucional
Castellanos concluyó que el momento exige responsabilidad, serenidad y coherencia por parte del Congreso Nacional. A su criterio, la estabilidad democrática no se sostiene evitando el debate sobre responsabilidades, sino enfrentándolo con madurez institucional y sin presiones externas o acuerdos implícitos que comprometan la imparcialidad.
