Tegucigalpa, Honduras. Durante su participación en el pódcast “2 que 3”, conducido por el periodista Dennis Andino, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Díaz, abordó uno de los temas más debatidos en el país: la independencia judicial y los desafíos que enfrenta el sistema de justicia hondureño.
A lo largo de la entrevista, el togado sostuvo que la independencia judicial no constituye un privilegio para los jueces, sino una garantía que protege a los ciudadanos para ser juzgados por autoridades imparciales y apegadas a la ley. Además, reconoció que históricamente han existido desigualdades que han afectado la percepción de justicia en Honduras.
“La independencia judicial beneficia a la ciudadanía”
Díaz explicó que la independencia de los jueces está establecida tanto en la Constitución de la República como en los tratados internacionales suscritos por Honduras.
Sin embargo, enfatizó que este principio no está diseñado para favorecer a quienes administran justicia, sino para garantizar que cada persona sea juzgada sin presiones políticas, económicas o de cualquier otra naturaleza.
Según el magistrado, las resoluciones judiciales deben fundamentarse exclusivamente en la Constitución y las leyes, dejando de lado intereses particulares o de grupos de poder.
Reconoce que existen desigualdades en el acceso a la justicia
Durante la conversación, el magistrado admitió que la realidad del sistema judicial evidencia diferencias entre quienes cuentan con mayores recursos económicos y quienes enfrentan limitaciones para defender sus derechos.
Explicó que una persona con capacidad económica puede contratar despachos jurídicos especializados, mientras que quienes tienen menos recursos deben recurrir a la defensa pública o enfrentar obstáculos incluso para asistir a un proceso judicial.
Aunque aclaró que la defensa pública cuenta con profesionales capacitados, reconoció que las condiciones materiales generan una evidente diferencia en las posibilidades de litigio.
“Históricamente hubo fallos que no respondieron a los intereses de la población”
El magistrado también afirmó que la percepción ciudadana sobre la falta de justicia tiene fundamento en hechos históricos.
Señaló que, a lo largo del tiempo, han existido decisiones judiciales que no siempre respondieron a los intereses de la población, especialmente de los sectores más vulnerables.
A su criterio, esa situación ha contribuido al deterioro de la confianza en el Poder Judicial, por lo que consideró necesario fortalecer una justicia centrada en las personas y basada en el respeto de los derechos humanos.
La independencia depende también del juez, afirma
Consultado sobre la independencia del Poder Judicial frente a otros poderes del Estado, Díaz sostuvo que la ley reconoce a los jueces como independientes, pero aseguró que ese principio también depende de la voluntad y compromiso de cada funcionario judicial.
Indicó que un juez debe asumir la responsabilidad de actuar con autonomía, aun cuando ello implique enfrentar presiones o riesgos derivados de sus decisiones.
Asimismo, manifestó que quienes buscan orientación permanente sobre cómo resolver determinados casos terminan comprometiendo esa independencia que la Constitución les garantiza.
Proceso de elección de magistrados influye en la percepción ciudadana
El magistrado explicó que la selección de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia combina una fase técnica y otra de carácter político.
Recordó que, tras la evaluación realizada por la Junta Nominadora, corresponde al Congreso Nacional efectuar la elección de los magistrados, etapa que calificó como un proceso eminentemente político.
Según indicó, la relación que posteriormente pueda existir entre los magistrados y quienes participaron en su elección dependerá de las circunstancias particulares de cada caso y de los vínculos que puedan existir con actores políticos.
Debate sobre el fortalecimiento institucional
Las declaraciones de Mario Díaz se producen en un contexto de constantes debates sobre la independencia judicial, la separación de poderes y la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia.
El magistrado insistió en que el reto del sistema judicial es garantizar resoluciones imparciales, fortalecer el acceso a la justicia y reducir las desigualdades que históricamente han afectado a los sectores con menores recursos económicos.
