Madrid, España.– El Gobierno de España aprobó este martes una regularización extraordinaria de migrantes que permitirá otorgar permisos de residencia y trabajo a cerca de medio millón de personas que ya viven en el país.
La medida, impulsada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue defendida como un acto de “justicia” y “necesidad”, mientras que sectores de la oposición la han criticado duramente.
Según explicó el Ejecutivo, la decisión responde al reconocimiento de miles de migrantes que ya forman parte de la vida económica y social de España, muchos de los cuales trabajan en sectores clave como la agricultura, los cuidados y los servicios.
La regularización también cuenta con el respaldo de organizaciones sociales y empresariales, así como de la Iglesia Católica a través de entidades como Cáritas, que han insistido en la necesidad de garantizar derechos básicos a las personas en situación irregular.
Proceso de solicitud y requisitos
El plan establece que podrán beneficiarse quienes hayan residido en España antes del 1 de enero y acumulen al menos cinco meses de permanencia continua, además de no tener antecedentes penales, entre otros requisitos.
Las solicitudes podrán presentarse a partir del 16 de abril de forma telemática, mientras que la atención presencial iniciará el 20 del mismo mes.
El proceso se extenderá hasta el 30 de junio, con la habilitación de oficinas de la Seguridad Social y Correos en todo el país.
El Gobierno prevé resolver las solicitudes en un plazo aproximado de dos meses y medio, aunque sindicatos han advertido posibles complicaciones por una huelga anunciada en oficinas de Extranjería y críticas de sectores policiales sobre el proceso de verificación.
Debate político y social
La medida ha generado una fuerte división política. El Partido Popular (PP) la calificó como “injusta” e “insegura”, mientras que el partido Vox anunció que recurrirá el decreto ante el Tribunal Supremo.
Por su parte, el Gobierno sostiene que la regularización responde a una realidad demográfica marcada por el envejecimiento poblacional, lo que hace necesaria la incorporación de más trabajadores al sistema productivo para sostener servicios públicos como la sanidad, las pensiones y la educación.
