Tegucigalpa.- La polémica en torno a la justicia hondureña se reaviva este viernes tras la entrega formal de un proyecto de decreto de amnistía ante el Congreso Nacional. La organización “Defensores de Honduras por la Democracia” acudió a la sede legislativa para solicitar la extinción de la responsabilidad penal de figuras vinculadas a los eventos más críticos de la crisis política de 2009.
El documento busca específicamente la liberación y el cierre de expedientes de los generales Venancio Cervantes y Carlos Puerto, quienes actualmente enfrentan procesos judiciales por la muerte del joven Isy Obed Murillo. Según los proponentes, los oficiales son víctimas de una instrumentalización de la justicia con fines de persecución política, más que por pruebas contundentes de delitos reales.
Alcance del decreto: De militares a conspiradores
La propuesta no se detiene en la cúpula militar. El decreto también incluye un beneficio directo para tres civiles acusados de planear un presunto atentado contra la vida del expresidente y actual asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales.
Para los sectores que impulsan la medida —incluyendo voces cercanas al oficialismo—, estos procesos han sido “fabricados” para silenciar o castigar a actores políticos específicos. No obstante, la iniciativa ya despierta fuertes críticas entre sectores de la oposición y organismos de derechos humanos, quienes advierten que este podría ser un “nuevo pacto de impunidad” que impide el castigo por crímenes de sangre y actos de terrorismo bajo el escudo de la política.
