Estados Unidos
El Tribunal Supremo de Justicia ha emitido un pronunciamiento este martes a favor del estado de Texas, permitiendo la entrada en vigor de una ley controvertida que otorga a la Policía la facultad de detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar de forma irregular a Estados Unidos.
La legislación en cuestión, conocida como SB4, podrá ponerse en marcha mientras se escuchan los argumentos de una demanda interpuesta por el Gobierno del presidente Joe Biden y varias organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.
El caso llegó al máximo tribunal después de una prolongada batalla legal emprendida por la Administración Biden y defensores de los inmigrantes, encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), quienes argumentan que la iniciativa es inconstitucional.
Los demandantes habían solicitado al Supremo que detuviera la implementación de la medida mientras se resolvía el caso en el Quinto Circuito de Apelaciones. Ayer lunes, el juez Samuel Alito había bloqueado la ley de forma indefinida hasta que el pleno del tribunal votara sobre esta solicitud.
Sin embargo, este martes los seis jueces conservadores votaron a favor de Texas, permitiendo que la ley entre en efecto mientras se emite un fallo final en el caso.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, elogió la decisión del alto tribunal en un mensaje, afirmando que “Texas ha derrotado las mociones de emergencia de la Administración Biden y la ACLU”, y destacó que la ley ya está en vigor.
La SB4 es una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, convirtiendo en delito menor el ingreso irregular a Texas desde una nación extranjera. Además, contempla sanciones más severas para reincidentes y otorga a la Justicia estatal la capacidad de ordenar la expulsión de personas sin proceso legal.
Los oficiales de policía tendrán la autoridad de arrestar a individuos sospechosos de ingresar ilegalmente al país, pudiendo expulsarlos a México sin necesidad de un proceso judicial.
Inicialmente, la ley debía entrar en vigor el 5 de marzo, pero fue bloqueada por un juez federal a favor de los demandantes. Tras obtener respaldo en el Quinto Circuito de Apelaciones, los demandantes recurrieron al Supremo para evitar su implementación, sin éxito.
Anand Balakrishnan, abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, calificó la decisión de hoy como “decepcionante” y anunció que continuarán luchando contra una normativa que consideran amenaza la integridad de las leyes de inmigración y los principios fundamentales del debido proceso en Estados Unidos.
