Puerto Cortés, Honduras – En cumplimiento de una orden pendiente y tras varias acciones operativas, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ejecutó en las últimas horas la captura de una mujer señalada de participar en un secuestro ocurrido hace siete años en el municipio de Puerto Cortés.
La detenida, de 50 años, originaria de Tambla, Lempira, y residente en Corquín, Copán, fue arrestada por agentes asignados a la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) cuando se desplazaba por el bulevar Chamelecón, en San Pedro Sula.
De acuerdo con las investigaciones, el hecho se registró el 4 de noviembre de 2017, cuando dos personas fueron interceptadas en el barrio Buenos Aires, de Puerto Cortés.
Los secuestradores exigieron once millones de lempiras a cambio de la liberación de las víctimas, comunicándose directamente con los familiares para ejercer presión.
Las víctimas fueron rescatadas sin pagar rescate
Tras once días de seguimiento, inteligencia y labores encubiertas, los agentes de la Unidad Antisecuestros lograron ubicar a las víctimas en una vivienda del municipio de La Labor, Ocotepeque. Ambas fueron rescatadas sanas y salvas, sin que los familiares tuvieran que pagar el millonario rescate.
En esa operación inicial se detuvo de manera flagrante a uno de los sospechosos, mientras que la ahora imputada logró evadir a las autoridades.
Con el paso de los años, los investigadores lograron recabar medios probatorios técnicos y científicos que fortalecen la acusación en su contra, confirmaron fuentes policiales.
Orden de captura pendiente desde 2018
La mujer tenía una orden de captura emitida el 1 de marzo de 2018 por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, por la presunta comisión del delito de secuestro en perjuicio de testigos protegidos.
Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para determinar si existen otras personas involucradas en el caso.
La DPI destacó que esta captura es resultado del trabajo coordinado y constante de las unidades especializadas que luchan contra delitos que atentan contra la libertad y la seguridad de la ciudadanía.
La detenida será puesta a disposición del juzgado competente para seguir el proceso correspondiente conforme a ley.
