Estados Unidos – El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que utilizará a las Fuerzas Armadas e invocará la figura de emergencia nacional, que le otorga poderes extraordinarios, para ejecutar un plan de deportaciones masivas de migrantes indocumentados.
Trump hizo el anuncio en su red social Truth Social, donde reaccionó con un contundente “¡CIERTO!” a una publicación del activista conservador Tom Fitton.
Este había señalado previamente que la nueva Administración planea “declarar una emergencia nacional y usar activos militares” para llevar a cabo estas medidas.
Aunque la campaña de Trump no ha detallado públicamente cómo se implementarán estas deportaciones, la Ley de Emergencias Nacionales de 1976 será el instrumento clave.
Dicha normativa permite al presidente eludir al Congreso en situaciones percibidas como amenazas a la seguridad nacional.
Trump ya recurrió a esta ley en 2019, durante su primer mandato, para redirigir fondos del Pentágono hacia la construcción del muro fronterizo con México.
Entre las estrategias planteadas, se incluye el despliegue de reservistas de la Guardia Nacional y la posible reubicación de tropas estacionadas en el extranjero hacia la frontera sur.
Sin embargo, esto podría contravenir la legislación estadounidense, que prohíbe el uso del Ejército en labores de vigilancia interna, según el Brennan Center for Justice.
El impacto de estas deportaciones podría ser enorme. En Estados Unidos residen aproximadamente 11 millones de migrantes indocumentados, y los planes podrían afectar a 20 millones de familias, muchas de ellas con miembros ciudadanos estadounidenses, según la organización America’s Voice.
Además, el grupo no partidista American Immigration Council advierte que estas deportaciones masivas tendrían un costo de miles de millones de dólares anuales y podrían generar una grave escasez de mano de obra en sectores clave como la agricultura y el sector servicios, los cuales dependen en gran medida de trabajadores migrantes.
La confirmación de estas medidas ha generado una ola de preocupación tanto dentro como fuera de Estados Unidos, debido a su potencial impacto social, económico y humanitario.