La Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática (FEPROSI) obtuvo auto de formal procesamiento contra siete personas señaladas por su presunta participación en una red dedicada a cometer estafas informáticas mediante phishing.
De acuerdo con el informe emitido por el Ministerio Público (MP) este 18 de septiembre de 2026, los acusados habrían vulnerado la banca en línea de un ciudadano y realizado 17 transferencias bancarias hacia cuentas de terceros, por un monto superior a los 586 mil lempiras.
Los procesados fueron identificados como Elvin Ernesto Osorto Galo, su pareja Cheryl Ubaldina Soto Ponce, Guillermo Efraín Díaz, Omar Torres Hernández, Gloria Mabel Rivera Medina y Elkis Yanoris Pérez Gutiérrez. El documento también señala a siete implicados, aunque en el listado visible se identifican seis nombres.
Investigación detectó movimientos en menos de una hora
Según las investigaciones realizadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), los movimientos financieros se habrían efectuado en un período menor a una hora desde la cuenta digital de la persona afectada.
El MP detalló que se realizaron transferencias por un total de 586,579 lempiras, fondos que posteriormente fueron recibidos en diferentes cuentas bancarias vinculadas con los detenidos.
Los acusados enfrentan señalamientos por el delito de receptación de estafa informática y deberán continuar el proceso judicial correspondiente. La audiencia preliminar quedó programada para el próximo 2 de octubre.
¿Qué es el phishing?
El phishing es una modalidad de ciberdelito utilizada para engañar a las víctimas con el propósito de obtener información confidencial, como contraseñas, datos bancarios y números de tarjetas.
Los delincuentes suelen recurrir a mensajes de texto, correos electrónicos o sitios web falsos que aparentan ser legítimos para conseguir que las personas proporcionen sus datos o ingresen a enlaces maliciosos.
El Ministerio Público advirtió que este tipo de delitos puede afectar de manera simultánea el patrimonio, la privacidad y la seguridad de la información de las víctimas, además de generar riesgos para la confianza en los sistemas financieros.
