Ricardo Arnaúl Montero, un defensor de la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz, Tela, caribe de Honduras, fue asesinado “con saña”, confirmó este domingo la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh).
La comunidad denunció y exigió al Estado una “investigación exhaustiva” del “vil y cobarde” crimen.
El asesinato de Montero se perpetró el sábado en Triunfo de la Cruz, una comunidad negra distante a 3 kilómetros del turístico municipio de Tela.
“No aceptamos que se convierta en una moda o normalizar, el estar lamentando y condenando con una profunda impotencia al ver que están matando y desapareciendo a nuestra gente y desangrando nuestras comunidades”, indicó la organización.
Mediante un comunicado, la organización lamentó que esto ocurra mientras las autoridades hondureñas “solo se ocupan únicamente de tuitear o postear una ligera indignación, sin llevar a cabo los mandatos establecidos”.
Montero era miembro activo del Comité de Defensa de Tierra de la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz.
También, formaba parte del equipo de resguardo y seguridad del sector del río Gama a inmediaciones del territorio recuperado Secundino Torres.
Una investigación exhaustiva
Estos asesinatos, según la Ofraneh, se han constituido “en el principal disuasivo para entregar nuestro territorio a la mafia de capital que domina el país”.
Del mismo modo, a finales de octubre de 2022, la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, visitó Triunfo de la Cruz para atender “las denuncias”.
La comunidad negra denunció “el permanente hostigamiento y amenazas de Playa Escondida”, un complejo turístico “usurpador que se ha apoderado del territorio y ha prohibido el paso al cementerio ancestral”.
Reclaman Playa Escondida
Según la denuncia, Playa Escondida forma parte de uno de los lotes de tierra que se ha ordenado “sea devuelto y restituido” a la comunidad.
Además, la Ofraneh lamentó que no se han investigado las denuncias de amenazas de muerte contra líderes de la comunidad Triunfo de la Cruz.
De igual manera, la desaparición de cinco de sus miembros registrada en 2020, y la falta de cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana De Derechos Humanos (CIDH).
