Tocoa, Honduras – El Poder Judicial de Honduras ha anunciado la sanción de un mes de suspensión a varias funcionarias judiciales involucradas en un caso de comunidades campesinas en el municipio de Tocoa, Colón, por incurrir en faltas graves al debido proceso.
Esta acción surge a raíz de una denuncia presentada por el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Colón, que señala irregularidades cometidas por la jueza Zoe Doralina Guifarro Díaz y las magistradas Ibeth Albertina Benitez Erazo, Vianey Cruz Recarte y Dilia Iracema Guillén, en relación a la negación de un amparo solicitado.
El comunicado del Poder Judicial detalla que estas irregularidades implican una vulneración a los derechos fundamentales de las comunidades campesinas supuestamente afectadas por la empresa ECOTER S.A. de C.V.
Los actos cometidos por las funcionarias, según el documento, van en contra de la Constitución de la República y normativas internacionales en materia de derechos humanos.
En consecuencia, la presidencia del Poder Judicial ha decidido la suspensión temporal de las funcionarias, como medida para reforzar el compromiso del órgano con la justicia imparcial y el respeto a los derechos de todas las personas.
Además, se recalca que estos comportamientos no pueden comprometer la integridad e independencia del sistema judicial.
Finalmente, el Poder Judicial enfatiza su determinación de garantizar que situaciones similares no se repitan en el futuro, asegurando el cumplimiento de los estándares éticos y legales.
