Panamá — El conflicto entre Panamá y China ha escalado a una fase de máxima tensión este 4 de febrero de 2026. La crisis se desató luego de que la Corte Suprema de Justicia panameña declarara inconstitucional el contrato de concesión de Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison.
Causas del fallo judicial
La decisión de la Corte pone fin a una operación que databa desde 1997 en las terminales estratégicas de Balboa y Cristóbal. Los motivos principales incluyen:
- Irregularidades contractuales: Auditorías detectaron fallas en el contrato original y sus prórrogas automáticas.
- Deuda millonaria: Se estima una deuda fiscal acumulada de 1,200 millones de dólares.
- Violación constitucional: El fallo argumenta que el contrato no garantizaba los mejores intereses para el Estado, violando la Carta Magna.
Reacciones internacionales y geopolíticas
El panorama diplomático se ha fracturado tras la sentencia, evidenciando una lucha de influencias en la región:
- Pekín advierte represalias: El Ministerio de Relaciones Exteriores de China calificó la decisión de “absurda” y advirtió sobre posibles consecuencias económicas y políticas para proteger a sus empresas.
- Respaldo de Estados Unidos: Washington celebró el fallo como una “victoria regional” frente a la influencia china en infraestructuras críticas, alegando riesgos previos para su seguridad nacional.
- Impacto en mercados: La anulación detuvo la venta global de activos de CK Hutchison a BlackRock, una transacción valorada en 23 mil millones de dólares que ahora queda en incertidumbre al perder sus piezas clave en Panamá.
Postura del Gobierno de Panamá
El presidente José Raúl Mulino defendió la medida como un acto de soberanía y respeto al Estado de Derecho. El mandatario aseguró que:
- Las operaciones portuarias continuarán sin interrupciones.
- Se buscará un nuevo operador bajo condiciones más equitativas para el país.
- Se garantiza la estabilidad laboral de los miles de trabajadores de las terminales afectadas.
