Tegucigalpa, Honduras – La titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), Blanca Izaguirre, hizo un llamado urgente al sistema de justicia hondureño para que detenga la criminalización contra defensores del medioambiente.
Esta solicitud surge después de que la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba anuló el sobreseimiento otorgado en 2022 a favor de cinco ambientalistas.
Izaguirre expresó su profunda preocupación por la decisión judicial, la cual revoca la resolución emitida el 26 de octubre de 2022 por el Juzgado de Letras de Tocoa.
Esta resolución había favorecido a cinco defensores del medioambiente, entre ellos el asesinado Juan López, permitiéndoles evitar un proceso judicial por cuatro delitos.
Ahora, los ambientalistas deberán enfrentar nuevamente la justicia.
La defensora de los derechos humanos exhortó al Poder Judicial y al Ministerio Público a que no sigan adelante con estos procesos judiciales, señalando que los defensores ambientalistas cumplen un papel clave en la protección de derechos humanos y el medioambiente.
Según Izaguirre, su labor no solo beneficia a las comunidades afectadas por proyectos extractivos, sino también a las generaciones futuras.
Entre los acusados se encuentran Carlos Leonel George, Reynaldo Domínguez, José Adaly Cedillo, Marco Tulio Ramos y Juan López.
Este último, quien también era concejal de la Municipalidad de Tocoa y miembro del Partido Libertad y Refundación (Libre), fue asesinado el pasado sábado, a pesar de ser beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2013.
Los cinco defensores enfrentan cargos de privación injusta de la libertad, asociación ilícita, robo e incendio agravado, según la acusación del Ministerio Público, que los señala como responsables de un incendio ocurrido en septiembre de 2018, cuando supuestamente destruyeron contenedores y un vehículo de la empresa Inversiones Los Pinares.
Izaguirre advirtió que la decisión de la Corte refuerza la criminalización de los defensores ambientales y deslegitima su trabajo en Honduras.
Además, subrayó el riesgo y la persecución que enfrentan los miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, organización a la que pertenecía López.
El conflicto en Guapinol, según la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán, surgió a raíz de la presunta ilegalidad en la concesión minera otorgada a la empresa Los Pinares, acusación que la compañía ha rechazado.
