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CNA advierte que gobierno de Asfura debe pasar de promesas a resultados concretos

Tegucigalpa. La presidenta del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, realizó un análisis crítico sobre las expectativas del gobierno del presidente Nasry Asfura, señalando que Honduras necesita mucho más que discursos de unidad y promesas ambiciosas.

Bajo el título “¿La racha o el espejismo?”, Castellanos plantea que el nuevo mandatario asume la presidencia en un escenario marcado por una profunda polarización política, una ciudadanía escéptica y una institucionalidad debilitada que no se corrige únicamente con llamados a la concordia.

Economía: ambición sin claridad institucional

En el ámbito económico, el plan de gobierno “Honduras, vamos a estar bien” promete reactivar la economía mediante la simplificación de trámites, estabilidad jurídica y atracción de inversiones, apoyándose en incentivos fiscales, zonas francas y una institucionalidad orientada a captar capital.

Entre las metas planteadas figuran la rehabilitación de 5,000 kilómetros de carreteras, la modernización del sistema energético con tecnologías inteligentes y la construcción de 550,000 viviendas sociales. Sin embargo, Castellanos cuestiona si estas medidas serán suficientes en un país donde persisten debilidades institucionales y escasos controles.

El análisis advierte que, sin reglas claras y mecanismos de transparencia, la fuerte dependencia del capital privado podría profundizar desigualdades y reproducir prácticas de captura del Estado.

Empleo: dudas sobre calidad y sostenibilidad

La promesa de generar un millón de empleos, principalmente a través del sector construcción y el impulso a las MIPYMES, es uno de los pilares del plan presidencial. Aunque el déficit habitacional superior al millón de viviendas respalda esta estrategia, el CNA señala que existen dudas sobre la calidad, estabilidad y sostenibilidad de esos empleos.

En un contexto de alto desempleo juvenil y migración forzada, el plan menciona capacitación técnica y articulación entre educación y empresa, pero no detalla cómo se garantizará la inclusión real de mujeres, zonas rurales y comunidades históricamente excluidas. La falta de indicadores claros de seguimiento y evaluación incrementa el riesgo de que los beneficios se concentren en sectores cercanos al poder.

Seguridad y justicia, retos estructurales

En materia de seguridad, Asfura propone enfrentar la extorsión mediante inteligencia financiera, unidades especializadas y un modelo de policía comunitaria, evitando estados de excepción prolongados.

Si bien el enfoque va más allá de la represión, Castellanos subraya que su efectividad dependerá de reformas profundas al sistema de justicia y de una depuración sostenida de las fuerzas de seguridad, aspectos que históricamente han enfrentado resistencia y limitados avances.

Anticorrupción: un discurso sin hoja de ruta

Uno de los puntos más críticos del análisis del CNA se centra en la lucha contra la corrupción. Aunque el discurso gubernamental hace referencia a la rendición de cuentas, la ética y la fiscalización, no se establecen instrumentos concretos, plazos ni responsables claros.

Para Castellanos, esta indefinición es una señal de alerta en un país golpeado por escándalos recurrentes y altos niveles de desconfianza institucional, donde las políticas anticorrupción no pueden quedarse en buenas intenciones.

Polarización y falta de mecanismos de diálogo

El plan de gobierno apela a la cohesión social, valores republicanos y una gestión desideologizada como vía para reducir la polarización. No obstante, el CNA advierte que los llamados a la unidad resultan insuficientes si no se acompañan de espacios formales de diálogo nacional, instancias multipartidarias y mecanismos para reconstruir la confianza entre actores políticos y sociales.

Transparencia y resultados, la clave

Para el Consejo Nacional Anticorrupción, el gobierno del presidente Nasry Asfura tiene la oportunidad de comenzar a desmontar la polarización y la desconfianza acumulada en Honduras. Sin embargo, el éxito de esa tarea dependerá de priorizar la transparencia, la rendición de cuentas y políticas públicas con resultados medibles, orientadas al interés general y no a intereses particulares.

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