Tegucigalpa, Honduras – El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, reafirmó la preocupación del gobierno respecto al uso político del Tratado de Extradición con Estados Unidos, destacando que esta fue la razón principal para su denuncia.
Según el funcionario, la decisión responde a la necesidad de evitar que este mecanismo sea empleado con fines electorales.
“No se podía permitir que la extradición se usara en ningún momento en temas políticos, y esa fue la razón de denunciarlo, por lo tanto, sí era un riesgo”, enfatizó Reina.
El canciller destacó que la extradición sigue siendo una herramienta fundamental en la cooperación internacional, y que el gobierno hondureño mantiene su compromiso con los acuerdos bilaterales y multilaterales en esta materia.
Sin embargo, insistó en la necesidad de garantizar que el mecanismo no sea utilizado con fines políticos, especialmente en el contexto del proceso electoral en Honduras.
“La extradición es una herramienta muy importante. Lo hemos dicho, lo ha dicho la presidenta, lo ha dicho la ministra de Defensa. Es una herramienta útil. Nuestra preocupación es que no se use para temas políticos, sobre todo en términos electorales”, declaró.
En este contexto, Reina recordó un incidente específico en el que la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, vinculó una visita del jefe del Estado Mayor Conjunto y el exministro de Defensa a Venezuela con supuestos lazos con el narcotráfico. Esta situación generó preocupación dentro del gobierno hondureño.
Explicó que la visita a Venezuela tenía como propósito la participación en una competencia de cadetes junto con representantes de otros países latinoamericanos.
Sin embargo, tras la divulgación de información de inteligencia, algunos oficiales de alto nivel dentro de las Fuerzas Armadas comenzaron a conspirar contra el jefe del Estado Mayor Conjunto, lo que representaba un “riesgo peligroso” para la estabilidad del país, especialmente debido al papel crucial de las Fuerzas Armadas en el contexto electoral.
El gobierno hondureño ha reiterado su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y la cooperación con otros países, pero ha enfatizado que no permitirá que la extradición sea utilizada con intereses políticos internos.
Con esta postura, la administración de la presidenta Xiomara Castro busca garantizar que las decisiones en materia de justicia sean tomadas con base en principios legales y no en presiones externas con objetivos electorales.
