Tegucigalpa, Honduras
El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), obtuvo un auto de formal procesamiento en contra de tres exdiputados acusados por el delito de fraude, relacionado con la sustracción de más de 42 millones de lempiras de las arcas del Congreso Nacional.
Los imputados son los congresistas Fredy Espinoza Mondragón, Miguel Ángel Gámez y Gladys Bernarda Casco Cruz. Un juez en criminalidad organizada y corrupción les dictó medidas distintas a la prisión preventiva, requiriendo que los imputados se presenten cada 15 días a un tribunal y prohibiéndoles salir del país.
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En este expediente también figuran los excongresistas Sara Medina Galo y Carlos Roberto Guevara, además del representante de la Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (AJOPADIH), José Sánchez, quienes el 16 de diciembre de 2023 recibieron el auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión preventiva por el delito de fraude.
Según el requerimiento fiscal, las gestiones eran realizadas por diputados a través del Fondo de Desarrollo Departamental para la ejecución de proyectos sociales mediante ONGs.
Sin embargo, una vez hechos los desembolsos, los fondos eran trasladados de manera injustificada a las cuentas personales de los congresistas que tramitaron los recursos y otros diputados.
Los fiscales del Circuito Anticorrupción indicaron que parte de los fondos también eran desembolsados a particulares que los utilizaban para fines distintos a los destinados.
Además, se realizaron gestiones de subsidios otorgados de forma irregular a varios exparlamentarios mediante el uso del Fondo de Desarrollo Departamental, bajo la justificación de que eran para proyectos de desarrollo social.
El origen y giro de los recursos provino de 82 transferencias desde la Secretaría de Finanzas a una cuenta bancaria de la AJOPADIH, dinero que se acreditó en un periodo de seis meses.
Se detectó que uno de los imputados, quien actuó como cooperador necesario, registró su firma en las cuentas de la ONG y se auto acreditó 28 millones de lempiras, haciendo depósitos a 26 cuentas particulares, incluidas las de los exdiputados acusados.
El dinero restante fue transferido a terceros sin justificación.
El Ministerio Público, en su lucha frontal contra la corrupción y la criminalidad organizada, reitera su compromiso de seguir trabajando para dar golpes certeros a este flagelo que tanto daño causa al pueblo hondureño.
