Tegucigalpa, Honduras
El Ministerio Público a través de Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y en colaboración con la Procuraduría General de la República (PGR), llevó a cabo un operativo en las instalaciones del Instituto de Conservación Forestal (ICF) para secuestrar documentos en medio de denuncias relacionadas con prescripciones adquisitivas.
El director del ICF, Luis Soliz, informó que las denuncias presentadas ante las autoridades se centran en la titulación de tierras para planes de manejo en áreas nacionales, ahora bajo un estatus privado. Según Soliz, la mayoría de estos títulos, aproximadamente el 98%, fueron emitidos entre 2016 y 2021, y recientemente se han otorgado más bajo otras instituciones.
Soliz expresó su preocupación por las prescripciones adquisitivas que se están realizando en áreas de bosques nacionales, evidenciando que unas 256 mil hectáreas han sido escrituradas, mientras que el ICF mantiene cerca de 15 mil hectáreas para planes de manejo.
El representante del ICF solicitó la suspensión de todas las escrituras públicas otorgadas y una investigación exhaustiva sobre los funcionarios públicos y entidades privadas que participaron en estos actos cuestionados.
Ministerio Público
Por otro lado, la Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA) explicó la intervención se centró en el secuestro de 70 expedientes, bajo sospechas de un otorgamiento irregular de planes de manejo dentro de Parques Nacionales. Una vez que la FEMA recopile toda la información, se espera que el equipo técnico realice un exhaustivo análisis para determinar si los procedimientos administrativos cuestionados han comprometido los intereses estatales al afectar el patrimonio natural y forestal de Honduras.
La normativa establecida en la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (LFAPVS) deja claro que las áreas forestales no deben considerarse tierras incultas u ociosas y, por ende, no pueden ser objeto de reforma agraria o titulación. Asimismo, la Ley de Municipalidades prohíbe que propiedades rurales ejidales de vocación forestal pasen a manos de terceros, reservando su dominio pleno al municipio correspondiente.
Se señala que alrededor de 5,617.11 hectáreas fueron supuestamente otorgadas por autoridades judiciales, contraviniendo las disposiciones legales vigentes.
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