Tegucigalpa. El recién juramentado Procurador General de la República (PGR), Dagoberto Aspra, anunció este martes una ofensiva legal anticorrupción y un plan de reformas profundas dentro de la institución que dirige, con el objetivo de fortalecer su papel como principal órgano de defensa jurídica del Estado y combatir prácticas irregulares que han afectado las finanzas públicas.
Aspra adelantó que parte de su gestión incluirá una reestructuración interna y una nueva agenda legal orientada a consolidar mecanismos de control que prevengan y sancionen la corrupción. Señaló además que la PGR absorberá funciones que antes correspondían a la Secretaría de Transparencia, integrándolas en la Procuraduría para centralizar y reforzar la lucha contra actos ilícitos.
Paquete legal anticorrupción y alianzas institucionales
El nuevo procurador explicó que trabaja en conjunto con organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) para elaborar un paquete de reformas legales y políticas públicas que primero será presentado al presidente de la República y posteriormente al Congreso Nacional.
Este bloque de reformas incluye la propuesta de una Ley de Cumplimiento contra el Soborno, inspirada en estándares internacionales como la norma ISO 37001, que obligaría a empresas y al mismo Estado a contar con sistemas certificados de cumplimiento para contratar con el sector público, con el fin de blindar la relación entre proveedores y contratistas.
Además, Aspra impulsará una nueva Ley de Contratación del Estado, que propone elevar a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) a dirección nacional, similar al modelo del sistema “Chile Compra”. Este modelo contempla un portal público en tiempo real donde la ciudadanía pueda conocer las adquisiciones del Estado, condiciones y montos.
Desafíos internos y acción disciplinaria
Aspra reconoció que la Procuraduría enfrenta una situación compleja por demandas laborales y pérdidas millonarias heredadas de administraciones anteriores, que han implicado la salida de recursos estatales.
Señaló que cerca de L 1,200 millones ya fueron retirados de las arcas estatales por demandas laborales perdidas, y otros L 700 millones están pendientes.
Ante este panorama, el titular de la PGR anunció la implementación de un manual obligatorio para procesos de despido, y advirtió que quienes incumplan estos procedimientos podrán enfrentar acciones de repetición para reparar daños al Estado.
Además, no descartó acciones penales en casos donde se compruebe colusión o negligencia grave dentro de la misma Procuraduría.
