San Salvador, El Salvador
En un comunicado emitido este miércoles, Amnistía Internacional (AI) advirtió que la crisis de derechos humanos en El Salvador, generada por la aplicación de un régimen de excepción para combatir a las pandillas, podría intensificarse durante el segundo mandato del presidente Nayib Bukele.
La organización destacó que, a pesar de dos años de implementación del régimen de excepción y el inicio de reformas a la legislación penal, el Estado salvadoreño continúa eludiendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, al mantener estas medidas como elemento central de su estrategia de seguridad.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, expresó en el comunicado que “la persistencia del Gobierno de Nayib Bukele en mantener el régimen de excepción, adoptar medidas desproporcionadas y negar las graves violaciones de derechos humanos denunciadas, revela su falta de voluntad para respetar y promover los derechos humanos en el país”.
AI señaló que la tendencia del Estado salvadoreño a minimizar, ocultar y deslegitimar las denuncias de violaciones de derechos humanos sugiere que la crisis podría profundizarse durante el segundo mandato de Bukele.
La organización advirtió que, de no corregirse el rumbo, la instrumentalización del proceso penal y la instauración de una política de tortura en el sistema penitenciario podrían perpetuarse, aumentando las violaciones al debido proceso y la precarización de la situación de las personas privadas de libertad.
Piquer instó a la comunidad internacional a reaccionar de manera robusta y contundente para condenar cualquier modelo de seguridad pública basado en la violación de los derechos humanos.
El régimen de excepción, implementado hace dos años tras una ola de homicidios, ha resultado en más de 78,500 detenciones y ha contribuido a una disminución de los homicidios en El Salvador. Sin embargo, ha sido objeto de críticas por organizaciones no gubernamentales debido a las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia estatal.
La medida cuenta con el respaldo de una parte significativa de la población salvadoreña, especialmente en comunidades históricamente afectadas por la violencia pandillera, lo que ha elevado la popularidad del presidente Nayib Bukele.
Lea también:
