Washington, 19 de enero (EFE) — La comunidad latina en Chicago se encuentra en máxima alerta ante una posible redada masiva de migrantes programada para el próximo martes, apenas un día después de la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.
La operación, de concretarse, sería el primer paso en la aplicación de su estricta política migratoria.
Preparativos en marcha
Líderes políticos y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes trabajan contrarreloj para informar a la comunidad sobre sus derechos, ofrecer orientación ante emergencias y prepararla para posibles enfrentamientos con agentes migratorios.
Según un informe publicado por The Wall Street Journal, la administración entrante tiene previsto desplegar entre 100 y 200 agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para llevar a cabo una redada “a gran escala” en la ciudad.
No obstante, las filtraciones a los medios podrían hacer que el Gobierno reconsiderara la operación, según indicó Tom Homan, designado por Trump como “zar” de la frontera.
Resistencia en la comunidad
En una rueda de prensa, el congresista demócrata Jesús “Chuy” García destacó la fortaleza histórica de la comunidad migrante en Chicago frente a estos desafíos. “Nuestra comunidad ha enfrentado ataques desde la década de 1960, y nuestra resistencia ha generado cambios importantes en las regulaciones locales para proteger a los migrantes indocumentados”, declaró.
Chicago, una de las primeras “ciudades santuario” en Estados Unidos desde 1985, mantiene políticas que limitan la colaboración entre la policía local y las autoridades migratorias federales. Estas medidas se han reforzado especialmente tras el primer mandato de Trump.
“Los inmigrantes son fundamentales para nuestra ciudad, nuestro estado y nuestra nación. Rechazamos las afirmaciones que los vinculan con la criminalidad. Eso es falso”, afirmó García, quien representa a un distrito con más del 66 % de población hispana.
Conocer los derechos básicos
Durante la conferencia, García y la legisladora demócrata Delia Ramírez recordaron a los migrantes que tienen derechos fundamentales, incluso en situaciones de detención:
- Derecho a guardar silencio y contactar a un abogado.
- No permitir la entrada de agentes migratorios a sus viviendas sin una orden judicial.
- No proporcionar información sobre su estatus migratorio o lugar de nacimiento.
Organizaciones locales llevan meses organizando talleres para educar a la comunidad sobre estos derechos, especialmente ante el anuncio previo de Homan de que las deportaciones comenzarían “el día uno” y que Chicago sería uno de los primeros objetivos.
Apoyo desde el sector empresarial
El sector empresarial también ha mostrado su preocupación. Sam Sánchez, copresidente del Comité de 100 y empresario en el sector de la restauración, destacó la dependencia de los inmigrantes en su industria. “Un cuarto de los empleados de restaurantes provienen de comunidades migrantes. Perderlos afectará nuestras operaciones y dañará la economía local”, afirmó.
Sánchez, quien apoyó a Trump durante la campaña, instó al nuevo presidente a priorizar el crecimiento económico, la estabilidad y un estatus legal para los trabajadores esenciales y los “dreamers”.
Un inicio polémico para la administración Trump
Donald Trump, quien ganó las elecciones con la promesa de ejecutar “la mayor deportación de la historia” de Estados Unidos, podría enfrentar una fuerte oposición desde las bases comunitarias, políticas y empresariales en su intento de implementar estas medidas de forma inmediata.
