La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) exigió este miércoles al Gobierno hondureño el pago inmediato de salarios atrasados a miles de docentes y advirtió sobre posibles riesgos de corrupción en el manejo de los recursos humanos dentro de la Secretaría de Educación.
A través de un pronunciamiento público, la organización expresó preocupación por la crisis que afecta al sistema educativo nacional y alertó que el incumplimiento salarial pone en riesgo tanto los derechos laborales de los maestros como la continuidad educativa de miles de estudiantes.
La ASJ también cuestionó la falta de acceso a información relacionada con las planillas del sector educativo y pidió mayor transparencia en la administración pública.
Exigen pago inmediato a maestros
Según la organización, numerosos docentes acumulan pagos retroactivos debido a retrasos salariales que afectan la estabilidad económica de miles de familias hondureñas.
Ante esta situación, la ASJ demandó al Gobierno cumplir de manera inmediata con las obligaciones pendientes y cancelar los salarios adeudados.
La organización considera que la problemática ha generado incertidumbre en el sistema educativo y ha provocado tensiones entre el gremio magisterial y las autoridades.
Señalan posibles actos de corrupción
En el pronunciamiento, la ASJ también advirtió sobre posibles irregularidades dentro de la administración del sistema de recursos humanos de la Secretaría de Educación.
La organización aseguró que desde febrero solicitó información sobre la planilla completa del personal docente y administrativo; sin embargo, denunció que hasta la fecha no ha recibido los datos requeridos.
Según la ASJ, la falta de acceso a información pública dificulta la vigilancia ciudadana y genera preocupación sobre el manejo de fondos estatales en el sistema educativo.
Auditorías revelaron anomalías
La organización recordó que auditorías sociales realizadas en años anteriores detectaron irregularidades relacionadas con el sistema de planillas.
Entre los hallazgos mencionaron casos de docentes que supuestamente no se encontraban en sus centros de trabajo, así como pagos efectuados a personas fallecidas o con duplicidad de plazas.
De acuerdo con la ASJ, estas situaciones provocaron millonarias pérdidas económicas para el Estado hondureño.
