Tegucigalpa.- El director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, calificó la situación actual de la Policía Nacional y la reciente disolución de la DIPAMPCO como una auténtica “tragedia para el pueblo hondureño”. Hernández lamentó que, tras años de esfuerzos y un “costo alto” pagado por la ciudadanía para dignificar y transparentar la institución, decisiones desacertadas hayan provocado un severo retroceso que compromete la seguridad nacional.
Según el representante de la sociedad civil, la DIPAMPCO se convirtió en una pieza que se “contaminó en extremo”, permitiendo que la corrupción penetrara nuevamente en las estructuras de seguridad del Estado encargadas de combatir el crimen.
El alto costo de la contaminación institucional
Hernández advirtió sobre las graves consecuencias que enfrenta el país cuando las fuerzas del orden se alían con estructuras criminales en busca de beneficios económicos:
- Impacto social: El director de ASJ enfatizó que el costo de la corrupción policial no es solo institucional, sino humano, manifestándose en “sangre, dolor y exilio” para quienes intentaron sanear el sistema.
- Vínculo con la violencia: Señaló que la crisis interna en la policía podría estar directamente relacionada con el incremento de los índices de criminalidad que azotan actualmente al territorio hondureño.
- Punta del iceberg: Hizo un llamado a las autoridades para que actúen de forma frontal, advirtiendo que lo descubierto hasta ahora podría ser solo una pequeña parte de una red de corrupción mucho más profunda.
Cooperación internacional y soberanía
Ante las versiones que sugieren posibles nuevos acuerdos con Estados Unidos para fortalecer la inteligencia en la lucha contra el crimen organizado, Hernández recordó que la colaboración con la nación norteamericana ha sido una constante histórica en el combate al narcotráfico. “Siempre que exista respeto a la soberanía nacional, cualquier cooperación puede ser positiva”, concluyó, instando al Gobierno a encontrar estrategias adecuadas para evitar que el futuro del país siga comprometido por la infiltración criminal en sus instituciones de seguridad.
