Estados Unidos.- El estado de California se encuentra analizando la implementación de un impuesto del 100 % dirigido a los residentes que reciban compensaciones económicas provenientes de un fondo federal de 1,800 millones de dólares. Este fondo, impulsado por el Gobierno del presidente Donald Trump a través del Departamento de Justicia, tiene como objetivo indemnizar a personas que fueron investigadas o procesadas tras los hechos ocurridos durante el asalto al Capitolio en enero de 2021.
El gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó que la propuesta será evaluada de forma exhaustiva en conjunto con la Legislatura estatal, en medio de una fuerte polémica debido a que los recursos federales podrían terminar en manos de aliados políticos de Trump vinculados a dicha irrupción.
Replicación de la medida y debate político
La propuesta de California ha generado un efecto dominó, abriendo la puerta a que otras administraciones estatales con perfiles similares adopten normativas de control fiscal parecidas:
- Efecto en Nueva York: Autoridades del estado de Nueva York ya evalúan el planteamiento de iniciativas fiscales similares para gravar en su totalidad estas compensaciones del Gobierno central.
- Fondo bajo sospecha: La creación del programa de indemnizaciones por parte del Departamento de Justicia ha desatado críticas severas de diversos sectores, quienes consideran inviable el uso de fondos públicos para estos fines.
- Coordinación legislativa: El ala demócrata de los estados impulsores busca mecanismos legales para neutralizar el impacto financiero del fondo federal dentro de sus jurisdicciones territoriales.
Alcance de la normativa fiscal
La propuesta busca garantizar que ningún ciudadano residente en dichos estados logre obtener un beneficio neto a partir de los fondos de compensación distribuidos por la administración Trump. De aprobarse la ley, las agencias de recaudación estatales tendrían la facultad de retener la totalidad del dinero transferido por la federación a las cuentas de los implicados en los sucesos de 2021. Expertos en derecho constitucional prevén que la medida enfrente batallas legales inmediatas en los tribunales federales por presunta interferencia con las políticas fiscales del Ejecutivo central, configurando un nuevo capítulo de confrontación política y jurídica entre el Gobierno federal y los estados de corte progresista.
