El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este miércoles una nueva línea de investigación que involucra al exdirector de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Antonio Zelaya, por el presunto manejo irregular de 26 millones de lempiras bajo custodia del Estado.
La denuncia también señala a Andrea Carolina Zavala, exjefa de la Unidad de Administración y Gestión de la institución, por decisiones administrativas que, según el CNA, habrían facilitado movimientos financieros fuera de los procedimientos establecidos.
“No fue un simple error administrativo”
Durante la presentación del informe, la directora del CNA, Gabriela Castellanos, aseguró que el caso no puede verse como una falta menor ni como un error interno.
“Mover 26 millones de lempiras en una institución como la OABI no puede considerarse poca cosa”, expresó.
La titular del organismo anticorrupción sostuvo que las acciones identificadas comprometen directamente a quienes tenían la responsabilidad de resguardar recursos administrados por el Estado.
“No estamos hablando de funcionarios de bajo rango actuando al margen de la ley, sino de personas que tenían el deber de proteger esos fondos y no exponerlos a riesgos jurídicos y financieros”, afirmó.
Cambio de figura permitió desembolso
Según el CNA, la investigación revela que el 17 de diciembre de 2024 una empresa incautada solicitó a la OABI un préstamo puente por 25 millones de lempiras.
Sin embargo, apenas un día después, la solicitud habría cambiado de nombre y pasó a registrarse como “apoyo financiero temporal”, una figura que presuntamente no existe dentro del reglamento interno de la institución.
De acuerdo con Castellanos, ese cambio habría permitido omitir controles y requisitos legales para autorizar el desembolso.
“El problema deja de ser administrativo cuando se empiezan a flexibilizar procedimientos y a modificar figuras para facilitar movimientos sin respaldo técnico”, señaló.
Investigan desembolsos adicionales
El CNA también denunció que posteriormente se habría realizado un desembolso adicional, elevando el monto total a 26 millones de lempiras.
Según el organismo, no se encontraron evidencias técnicas, documentación de respaldo ni registros de pagos o devoluciones relacionados con esos recursos.
La directora del CNA cuestionó quién responderá si en el futuro un juzgado ordena devolver esos fondos.
“¿Una vez más será el pueblo hondureño quien tenga que pagar por los abusos cometidos por servidores públicos?”, preguntó.
