El ministro de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, informó que el Gobierno ha iniciado un proceso de auditorías a 180 proyectos heredados de la administración anterior, incluyendo la construcción de ocho hospitales en distintas zonas del país.
Según explicó, estas revisiones buscan verificar si el avance físico de las obras coincide con los recursos financieros ejecutados.
Verifican avance físico y uso de fondos
El funcionario detalló que las auditorías de campo son clave para determinar el estado real de cada proyecto antes de autorizar nuevos pagos.
“Cada uno de los proyectos está siendo auditado de distintas maneras. Para poder pagar una estimación tenemos que hacer una auditoría física y ver cómo está el avance, y si corresponde a los avances financieros”, expresó.
En ese sentido, indicó que no se desembolsarán fondos sin antes confirmar que los trabajos ejecutados coincidan con lo reportado.
Hospitales bajo revisión técnica y contractual
En relación con los ocho hospitales en construcción, Ehrler aseguró que se está realizando una auditoría específica en cada contrato suscrito, con el objetivo de evaluar tanto el cumplimiento de las obras como la legalidad de los procesos.
Asimismo, reveló que se ha conformado una mesa técnica en conjunto con la Secretaría de Salud para analizar la reactivación de algunos contratos.
Entre los proyectos que podrían mostrar avances se mencionan los hospitales en Salamá y Ocotepeque, donde ya se evalúan acciones para retomar las obras.
Auditoría integral: financiera, técnica y legal
El ministro explicó que el proceso incluye tres tipos de auditoría:
- Financiera, para verificar que los pagos estén debidamente sustentados
- Técnica, para evaluar el estado real de las obras
- Legal, para confirmar que los contratos fueron adjudicados correctamente
Además, se busca determinar si los proyectos están alineados con las prioridades del actual gobierno.
Transparencia y revisión de proyectos heredados
Las autoridades aseguran que estas auditorías forman parte de un esfuerzo por garantizar la transparencia en la ejecución de fondos públicos y corregir posibles irregularidades en proyectos heredados.
El proceso también permitirá definir cuáles obras pueden continuar, cuáles deben reestructurarse y cuáles podrían ser suspendidas.
