Tegucigalpa.- El exfiscal general de la República, Johel Zelaya, arremetió de forma directa contra la exmiembro de la institución, Francia Medina, conocida públicamente como la “Barbie fiscal”. Durante su contundente comparecencia, Zelaya la tildó abiertamente de “delincuente” y la retó públicamente a que presente las pruebas correspondientes sobre los supuestos chats que presuntamente lo involucran en acciones irregulares.
El exfuncionario reaccionó de manera enérgica ante los señalamientos que buscan desestabilizar su pasada gestión al frente de la fiscalía general de la nación.
Cuestionamientos sobre los fondos desaparecidos y estatus legal
El exlíder del Ministerio Público fundamentó sus fuertes declaraciones en las resoluciones que ya han emitido las autoridades judiciales competentes del país:
- Sustento del requerimiento: Zelaya explicó que el Ministerio Público presentó en su momento el requerimiento fiscal respetando el principio de inocencia, pero con indicios claros de sus acciones delictivas.
- Fallo del tribunal: El exfiscal enfatizó que un tribunal de la República ya determinó formalmente que ella cometió los delitos imputados, validando que ostenta la condición de delincuente.
- Deshonra institucional: Manifestó de forma categórica que las actuaciones de Medina avergüenzan la investidura y la credibilidad del Ministerio Público ante la sociedad.
- Preguntas clave: Zelaya la increpó públicamente con dos interrogantes directas: «¿Dónde está el dinero?» y «¿Quién le ayudó a sacarlo?».
Postura firme ante señalamientos y difamaciones
Zelaya reiteró que no se dejará amedrentar por estrategias mediáticas ni por declaraciones sin fundamento técnico que pretendan desviar la atención de los verdaderos actos de corrupción que se investigaron. Las declaraciones surgen en un momento de alta tensión institucional debido a los millonarios montos que fueron sustraídos de las cuentas de evidencia del Banco Central de Honduras, caso por el cual Medina se encuentra bajo un estricto proceso penal. El exfuncionario concluyó que cualquier acusación que vincule a las máximas autoridades debe ser respaldada con evidencias legales ante los juzgados y no mediante especulaciones públicas.
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