Tegucigalpa.- La designada presidencial, María Antonieta Mejía, fue contundente este martes al asegurar que el Poder Ejecutivo no ha ejercido ninguna presión sobre el Congreso Nacional para iniciar el juicio político contra el fiscal general, Johel Zelaya. Mejía defendió la independencia de poderes y argumentó que el proceso es una respuesta directa a los supuestos abusos cometidos durante la gestión del funcionario suspendido.
Consenso legislativo y precedentes
La funcionaria destacó que la decisión de proceder con el juicio político cuenta con un respaldo masivo en el Legislativo, lo que desvirtúa cualquier señalamiento de injerencia externa:
- Mayoría calificada: Mejía subrayó que existen 93 votos provenientes de cuatro partidos políticos distintos, lo que demuestra un consenso que supera los cálculos partidarios individuales.
- Herramienta constitucional: Explicó que este mecanismo es una facultad legal establecida para deducir responsabilidades a funcionarios que, a su juicio, atropellaron la Constitución desde su nombramiento.
- Nueva generación política: Para la designada, este proceso marca el cierre de ciclos de la política tradicional y establece un precedente para que ningún servidor público abuse de su cargo sin enfrentar consecuencias.
Libre y el abandono del fiscal
Uno de los puntos más críticos de su intervención fue el señalamiento hacia el partido Libertad y Refundación (Libre), a quienes acusó de haber dejado solo a Zelaya en este proceso:
- Falta de apoyo real: Según Mejía, la militancia y los mensajes en redes sociales de dicho partido se han volcado a solidarizarse con Marlon Ochoa, ignorando la situación del fiscal general.
- Intereses electorales: Sostuvo que el interés principal de la cúpula política no es la justicia, sino cuidar espacios en el Consejo Nacional Electoral (CNE) de cara a los próximos comicios.
- Respuesta al pueblo: Concluyó que el Congreso Nacional solo está atendiendo un reclamo genuino de la población que exigió acciones ante las arbitrariedades cometidas durante la gestión de Zelaya.
Para la designada, este hecho es histórico porque, a diferencia de intentos anteriores, en esta ocasión sí se cuenta con la voluntad política y los votos necesarios para aplicar la ley de forma efectiva.
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