Tegucigalpa.- El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, lanzó una fuerte advertencia sobre la situación financiera del país, revelando que Honduras mantiene una acumulación de más de 3,200 millones de dólares en préstamos vigentes que aún no han sido ejecutados. Según el funcionario, esta cifra es el resultado directo de una baja capacidad de ejecución presupuestaria arrastrada de años anteriores y un incremento desmedido en la contratación de deuda.
Incremento histórico del endeudamiento
Hércules detalló que el ritmo de contratación de préstamos con organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial y el FMI ha experimentado un salto drástico en los últimos tres años, rompiendo con los techos históricos:
- Techos históricos: Tradicionalmente, Honduras contrataba entre 350 y 600 millones de dólares anuales.
- Escalada en 2023: La deuda contratada ascendió a aproximadamente 1,500 millones de dólares.
- Pico en 2024 y 2025: En los últimos dos años, las cifras se elevaron a cerca de 2,000 millones de dólares por cada ejercicio fiscal.
A pesar de contar con estos recursos, la ejecución se mantiene en niveles alarmantemente bajos, lo que impide que los fondos sean desembolsados debido al incumplimiento de parámetros técnicos y metas exigidas por los financistas internacionales.
El costo de la ineficiencia: Comisiones por retraso
La acumulación de fondos no utilizados no solo paraliza proyectos estratégicos, sino que drena los recursos del tesoro nacional a través de sanciones financieras:
- Comisión de compromiso: Los fondos contratados pero no desembolsados generan un costo adicional del 0.2% anual.
- Impacto en lempiras: Este porcentaje, aunque parece menor, representa el pago de cientos de millones de lempiras cada año únicamente por mantener el dinero “en espera”.
- Sentencia del ministro: “No solo no ejecutamos los recursos, sino que además pagamos una comisión por el retraso en las unidades ejecutoras”, enfatizó Hércules.
La situación plantea un desafío urgente para las secretarías de Estado y las unidades ejecutoras, quienes deben agilizar los procesos técnicos para evitar que el país siga perdiendo recursos en multas y logre concretar las obras de infraestructura y desarrollo social previstas.
