Honduras – El Gobierno de Nasry Asfura Zablah publicó un decreto ejecutivo que elimina la Cátedra Morazánica y el estudio del libro sobre el Golpe de Estado del 28 de junio de 2009, además de suprimir varias instituciones y programas estatales creados entre 2022 y 2025, confirmó la publicación en el Diario Oficial La Gaceta No. 37,079.
La decisión, contenida en diversos artículos del decreto, deroga el PCM 14-2025, que había creado la Cátedra Morazánica y ordenado el estudio del texto El Golpe 28 J: Conspiración Transnacional, un Crimen en la Impunidad en el currículo educativo, y también deja sin efecto el PCM 30-2025, que reconocía la antigüedad laboral acumulada para empleados públicos que pasaron de contrato a nombramiento.
Revisión educativa y laboral
Con la eliminación de estos decretos, el contenido educativo relacionado con la vida de Francisco Morazán y el estudio del golpe de 2009 queda fuera del sistema nacional, afectando la planificación curricular vigente hasta el año pasado.
Además, la derogación de la antigüedad laboral impacta directamente en el cálculo de prestaciones como cesantías y vacaciones para empleados públicos, lo que genera inquietud entre sectores sindicales y trabajadores del Estado.
Supresión de entidades y reconfiguración estatal
El decreto también ordena la supresión de varias secretarías y programas estatales, entre ellos:
- Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
- Secretaría de Planificación Estratégica
- Secretaría para Desarrollo y Seguimiento de Proyectos
- Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos
- Programa de la Red Solidaria
- Servicio Aeroportuario Nacional (SAN), que ahora pasa bajo la estructura de la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (EHISA)
Estas dependencias dejarán de operar como órganos independientes, y sus funciones deberán ser redistribuidas o liquidadas conforme a las instrucciones del decreto.
Efectos y próximas etapas
El proceso de reorganización estatal incluye la formación de comisiones liquidadoras por parte de la Secretaría de Finanzas, responsables de pagar prestacionales y trasladar recursos y bienes al Estado, con auditoría del Tribunal Superior de Cuentas.
El decreto entró en vigor de forma inmediata tras su publicación, marcando un cambio profundo en la estructura educativa, laboral y administrativa del sector público, en lo que expertos denominan un “borrón institucional” que redefine prioridades y funciones del Estado hondureño.
