Tegucigalpa.- El Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) emitió un comunicado oficial para reafirmar su estabilidad económica y llevar tranquilidad a sus miles de afiliados y jubilados. La institución desmintió categóricamente cualquier riesgo de colapso inmediato, asegurando que sus operaciones se mantienen bajo estricta supervisión.
Cifras positivas y respaldo institucional
A pesar de los retos estructurales, el Injupemp cerró el año 2025 con indicadores financieros que respaldan su operatividad:
- Activos sólidos: La institución registra activos superiores a los L40 mil millones.
- Presupuesto robusto: Cuenta con un presupuesto anual que supera los L12 mil millones.
- Cumplimiento de pagos: Se garantiza el pago regular y oportuno de las pensiones y demás prestaciones, tal como se ha realizado en los últimos años.
- Supervisión constante: El instituto opera bajo la regulación permanente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y auditorías externas.
Claridad sobre el déficit actuarial
La administración explicó que el déficit actuarial que presenta la institución no es sinónimo de quiebra, sino que obedece a una estructura de beneficios cuyo valor futuro proyectado supera el valor presente de los activos actuales. Para contrarrestar esto, la estrategia actual se enfoca en:
- Mejorar la rentabilidad de las inversiones para fortalecer el sistema a largo plazo.
- Fomentar el crecimiento sostenido de los afiliados activos, quienes dan vida al fondo.
Llamado a la calma y transparencia
Las autoridades de Injupemp instaron a la población y a los medios de comunicación a manejar la información pública con responsabilidad para evitar alarmas innecesarias. Reiteraron que la institución es sólida y que el compromiso con la transparencia y el marco legal vigente es innegociable.
Con este pronunciamiento, el Injupemp busca blindar la confianza de los servidores públicos, asegurando que sus ahorros y jubilaciones están protegidos por una gestión técnica y vigilada por los entes contralores del Estado.
