Tegucigalpa, Honduras – El ministro de Finanzas, Emilio Hércules informó sobre el impacto que están generando los embargos judiciales millonarios ejecutados directamente contra las cuentas del Estado.
A través de una carta oficial enviada a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Lizette Ráquel Obando, solicitó el estricto cumplimiento del artículo 313 del Presupuesto General de la República, vigente bajo prórroga.
Según advirtió el funcionario, los débitos diarios y sistemáticos aplicados a la Cuenta Única del Tesoro están afectando de forma directa la operatividad del Estado y ponen en riesgo el pago oportuno de servicios públicos esenciales como salud, educación y seguridad.
Embargos directos afectan la función pública
En el documento remitido a la CSJ, el titular de Finanzas expresó su preocupación por la forma en que algunos juzgados están ejecutando cobros judiciales, sin respetar el procedimiento establecido en la normativa presupuestaria vigente.
Hércules recordó que el Decreto Legislativo No. 04-2025 establece con claridad que el pago de sentencias judiciales firmes debe realizarse exclusivamente a través de la Tesorería General de la República (TGR), y no mediante embargos automáticos a las cuentas estatales.
“El artículo 313 es claro y no deja lugar a interpretaciones: la Secretaría de Finanzas, a través de la TGR, garantiza el pago de sentencias firmes, ajustándose a la disponibilidad presupuestaria de cada institución demandada”, señala el texto enviado a la máxima autoridad del Poder Judicial.
Pago de sentencias sin comprometer servicios esenciales
El ministro subrayó que el mecanismo definido en el Presupuesto busca garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, pero sin comprometer el funcionamiento del Estado ni afectar obligaciones prioritarias.
De acuerdo con Finanzas, los pagos deben realizarse sin poner en riesgo el cumplimiento de la deuda pública, el pago de salarios, ni la prestación de servicios básicos a la población.
“Los embargos directos a la Cuenta Única del Tesoro alteran la planificación financiera del Estado y generan un impacto inmediato en áreas sensibles para la ciudadanía”, advirtió Hércules.
Procedimiento que deben seguir los juzgados
El funcionario también fue enfático en que, cuando existan órdenes judiciales de embargo o sentencias firmes, los juzgados deben remitir los oficios correspondientes directamente a la Tesorería General de la República.
Esto permitiría que los pagos se realicen conforme a la disponibilidad presupuestaria de cada institución, evitando cobros automáticos que afectan la liquidez del Estado.
Advertencia sobre posibles sanciones
En la carta, Hércules recordó que el mismo decreto presupuestario contempla sanciones para quienes incumplan el procedimiento establecido. Estas multas pueden oscilar entre tres y treinta salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Desde Finanzas se insiste en que el respeto a la normativa no solo es una obligación legal, sino una medida necesaria para proteger la estabilidad financiera del país.
