Tegucigalpa, Honduras – La Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) anunció que logró la obtención de 16 autos de formal procesamiento en contra de igual número de funcionarios y empleados públicos, presuntamente responsables de delitos que atentan contra los derechos fundamentales de ciudadanos hondureños.
Según informó la FEDH, los casos se derivan de diversas investigaciones en las que se identificó la participación de servidores públicos en actos ilícitos que vulneran la ley y los derechos humanos, reforzando la política de cero tolerancia a la impunidad.
Casos destacados y acusados
En la audiencia inicial, se dictó auto de formal procesamiento contra los siguientes imputados por el delito de allanamiento en perjuicio de una ciudadana:
- Hugo Alejandro Alvarado Escobar
- Abner Eliu Castro Suazo
- Eduin Josué Gonzales Vallecillo
- Héctor Luis Viera
- Fany Isael Aguilar
Por allanamiento cometido por funcionarios o empleados públicos, otros imputados recibieron el auto de formal procesamiento, pero con medidas cautelares distintas a la prisión preventiva:
- Denis Barahona
- Eduar Armando Barahona
- Rony Zepeda
- Juan Daniel Lagos
- José Pacheco
- Elin Blandón
- Edwin Zelaya
Asimismo, se dictó auto de formal procesamiento contra Héctor José Coello, acusado de allanamiento y privación ilegal de la libertad, delitos que involucran directamente a servidores públicos.
Finalmente, la FEDH logró que se dictara auto de formal procesamiento contra Gervin David Nolasco García, Denis Isaís Ponce Lovo y Julio César Corrales Carbajal, por suponerlos responsables del delito de tortura, un acto que constituye una grave violación a los derechos humanos.
Compromiso de la FEDH con la ciudadanía
La Fiscalía Especial de Derechos Humanos reiteró su compromiso de garantizar la justicia y la legalidad, continuar con la persecución penal de los funcionarios que vulneren la ley y proteger de manera efectiva los derechos de la ciudadanía hondureña.
En su comunicado, la institución enfatizó que estos procesos forman parte de la política de transparencia y lucha contra la impunidad, destacando que ningún funcionario está por encima de la ley, y que el sistema judicial está llamado a proteger a quienes han sido víctimas de delitos cometidos por servidores públicos.
