Estados Unidos – Un juez federal de Estados Unidos bloqueó la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal, al considerar que la medida podría estar motivada por hostilidad racial y no tomar en cuenta las condiciones reales en los países de origen.
La resolución fue emitida por la jueza federal Trina Thompson, con sede en San Francisco, quien concluyó que las autoridades migratorias no evaluaron adecuadamente los factores humanitarios que impedirían el retorno seguro de los beneficiarios del programa.
La decisión representa un alivio inmediato para cerca de 89.000 personas, entre ellas más de 72.000 hondureños.
La jueza cuestiona el enfoque del gobierno de Trump
En su fallo, Thompson señaló que el gobierno ignoró las condiciones sociales, económicas y de seguridad que persisten en Honduras, Nicaragua y Nepal.
Además, citó declaraciones públicas del propio Donald Trump y de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en las que según la magistrada se retrata a los inmigrantes como criminales y una carga para la sociedad estadounidense.
“Estas declaraciones reflejan un estereotipo de los inmigrantes protegidos por el TPS como invasores criminales y perpetúan la creencia discriminatoria de que ciertas poblaciones reemplazarán a la población blanca”, escribió la jueza en su resolución.
Thompson fue clara al indicar que los argumentos presentados por la Alianza Nacional TPS, organización que representa a los beneficiarios del programa, demostraron de manera plausible que las cancelaciones estuvieron impulsadas por animadversión racial, lo que viola principios básicos del debido proceso.
¿Qué es el TPS y por qué es clave para los hondureños?
El Estatus de Protección Temporal permite a personas que ya se encuentran en Estados Unidos permanecer legalmente en el país y obtener permisos de trabajo cuando sus naciones de origen enfrentan desastres naturales, conflictos armados u otras crisis extraordinarias.
Aunque la ley otorga al Departamento de Seguridad Nacional la facultad de otorgar, extender o cancelar el TPS, la jueza subrayó que estas decisiones deben basarse en criterios técnicos y humanitarios, no en posturas políticas o discursos estigmatizantes.
Durante su administración, Trump impulsó una política migratoria más restrictiva y buscó cancelar múltiples designaciones del TPS, argumentando que permitir la permanencia de los migrantes iba en contra de los intereses estadounidenses.
Un panorama legal aún dividido
En octubre pasado, la Corte Suprema autorizó la cancelación del TPS para unos 300.000 venezolanos, pero tribunales inferiores han continuado bloqueando otras decisiones similares.
Apenas un día antes de este fallo, un juez federal en Boston frenó la eliminación del TPS para migrantes de Sudán del Sur.
El programa actualmente protege a aproximadamente 72.000 hondureños, 13.000 nepaleses y 4.000 nicaragüenses, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., quienes ahora mantienen la posibilidad de seguir residiendo y trabajando legalmente mientras continúa el proceso judicial.
