Tegucigalpa, Honduras – La Procuraduría General de la República (PGR) presentó una Acción de Hábeas Corpus, también conocida como Exhibición Personal, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a favor de las consejeras propietarias del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall García y Cossette Alejandra López Osorio, ante la falta de certeza sobre su paradero y la posibilidad de una eventual retención ilegítima.
La acción constitucional fue interpuesta como una medida de carácter preventivo, con el objetivo de que el máximo órgano constitucional del país verifique de manera inmediata y directa la situación personal de ambas funcionarias electorales, en un contexto marcado por tensiones políticas e institucionales relacionadas con el proceso electoral.
Medida preventiva ante riesgo institucional
Según explicó la PGR en un comunicado dirigido al pueblo hondureño, el recurso fue presentado el pasado 21 de diciembre de 2025, en el ejercicio de las atribuciones que la Constitución y las leyes de la República confieren al Procurador General.
La institución argumentó que la incertidumbre objetiva sobre la ubicación y condiciones en que las consejeras estarían desempeñando sus funciones amerita una intervención urgente del órgano jurisdiccional competente.
La Procuraduría subrayó que el hábeas corpus tiene como finalidad principal garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales a la libertad personal, la integridad física y la vida, los cuales son reconocidos por la Constitución como fines supremos de la sociedad y del Estado hondureño.
Impacto en la democracia y confianza ciudadana
Más allá del ámbito individual, la PGR advirtió que la situación que rodea a las consejeras del CNE trasciende a una posible vulneración de derechos personales, ya que podría representar un riesgo para la estabilidad institucional y política del país.
En ese sentido, señaló que la falta de certeza sobre el ejercicio pleno y seguro de las funciones de las autoridades electorales impacta directamente en la confianza ciudadana, la paz social, la seguridad nacional y la credibilidad del proceso democrático.
La institución recalcó que, en momentos clave para la democracia hondureña, es indispensable garantizar que los órganos electorales puedan operar sin presiones, restricciones ilegales o situaciones que comprometan su independencia y funcionamiento.
PGR descarta motivaciones políticas
En su pronunciamiento, la Procuraduría General enfatizó que la acción interpuesta responde exclusivamente a criterios jurídicos, preventivos y garantistas, orientados a la defensa del orden constitucional, y negó que la medida tenga motivaciones de carácter político o partidario.
Finalmente, la PGR reiteró su compromiso de actuar con estricto apego a la Constitución, las leyes vigentes y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Asimismo, aseguró que dará seguimiento al trámite que la Sala de lo Constitucional imprima a la acción, así como a las diligencias que se ordenen, las cuales indicó deberán brindar certeza tanto a las consejeras favorecidas como a la ciudadanía en general.
