
Estados Unidos – La Administración del expresidente Donald Trump eliminará el Estatus de Protección Temporal (TPS) que desde 1999 ha protegido de la deportación a unos 55,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses en Estados Unidos, según un documento preliminar difundido este lunes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
La medida, que será publicada oficialmente este martes en el Registro Federal, entrará en vigor 60 días después de su publicación, lo que dará un plazo limitado a los beneficiarios para buscar alternativas legales o prepararse para un eventual retorno forzado.

DHS justifica el fin del TPS
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la eliminación del TPS al asegurar que Honduras y Nicaragua “ya no cumplen con los criterios” para seguir con la designación, otorgada tras el devastador paso del huracán Mitch en octubre de 1998, que causó más de 11,300 muertes en Centroamérica, incluyendo cerca de 7,000 en Honduras y 4,000 en Nicaragua.
El Gobierno estadounidense considera que, a más de dos décadas de la catástrofe, ha habido “mejoras notables” en ambos países que permitirían el retorno seguro y ordenado de sus ciudadanos.
Entre los argumentos, el DHS señaló que Nicaragua ha crecido como destino turístico y agrícola, mientras que Honduras experimenta avances en infraestructura y creación de empleos.
Florida, el estado más afectado
Según un reporte del Congreso de EE. UU., uno de cada tres beneficiarios del TPS vive en Florida, lo que hace de ese estado el más afectado por la medida, especialmente en sectores con alta concentración de migrantes centroamericanos.
La decisión de terminar el TPS para hondureños y nicaragüenses llega apenas días después del intento de Trump de revocar este estatus a más de 521,000 haitianos, lo cual fue frenado temporalmente por un juez federal. Además, en mayo, la Corte Suprema dio luz verde para eliminar el TPS a 350,000 venezolanos.
Desde su primer mandato, Trump ha buscado terminar el TPS para migrantes provenientes de El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Nepal y Sudán, lo que ha encendido las alarmas entre otras comunidades que temen ser las siguientes en perder esta protección.